domingo, 20 de diciembre de 2015

LOS EFECTOS CONTRACTIVOS DE LAS DEVALUACIONES,

Economía|Domingo, 20 de diciembre de 2015
Opinión

Devaluación y ajuste

Por Mario Rapoport *
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Cualquiera sea la forma en que se la llame lo que se ha producido en la Argentina es una fuerte devaluación del peso (no las minidevaluaciones que veníamos teniendo) y este enfoque extremo ya ha sido vivido muchas veces por la mayoría de los argentinos y figura entre sus recuerdos menos felices. La teoría ortodoxa señala que las devaluaciones, cuando hay problemas en las cuentas externas conducen a reducirlos y a expandir la actividad económica. Para los partidarios de los efectos expansivos de una devaluación, esto resulta no sólo por una mejora en la balanza comercial sino también por un impulso a la producción interior al abaratar los bienes producidos locamente permitiendo sustituir importaciones. Pero este no ha sido el caso de la Argentina, como lo hemos demostrado muchas veces y como lo expone con claridad una tesis de licenciatura presentada en la FCE de la UBA por Pablo Wahren.
Wahren señala que economistas como Krugman y Taylor han mostrado los efectos contractivos de las devaluaciones. En forma independiente de sus resultados sobre la balanza comercial, la devaluación encarece en la moneda nacional los bienes exportados e importados, los salarios reales se contraen debido a la inflación y todo ello produce un reparto negativo de los ingresos en favor de los capitalistas y una caída de la demanda agregada y de la actividad económica.
Como lo muestra además nuestra historia económica y lo refrendan prestigiosos autores como Díaz Alejandro, Oscar Braun, Leonard Joy y Marcelo Diamand, las devaluaciones han sido por lo general de este último tipo y han afectado sobre todo la distribución de los ingresos. A diferencia de otros países donde la matriz productiva es fundamentalmente industrial y eso le permite competir mejor con sus productos en el mundo (además de defender con políticas proteccionistas su más débil sector agropecuario, como Estados Unidos y Europa) en la Argentina el sector primario exportador, siempre competitivo a nivel internacional, es el que genera nuestras divisas, mientras que el demandante de divisas es el sector industrial no competitivo y que en realidad hay que proteger para su desarrollo. Según lo ha estudiado Julio Olivera la oferta de exportaciones es por lo general muy inelástica a las variaciones del tipo de cambio y, a su vez, los productos manufacturados están tan alejados del nivel internacional que es prácticamente imposible que una fuerte devaluación produzca un aumento de sus exportaciones. Y aunque en esos períodos las exportaciones crecieron y las importaciones se redujeron y los mayores saldos comerciales positivos pudieron haber estimulado la actividad económica, en todos los casos históricos que mencionamos, como veremos más adelante, esa actividad se contrajo.
De modo que las devaluaciones no han influido en el mejoramiento de la economía aunque han producido profundos efectos negativos y también formidables transferencias de ingresos.
La secuencia real es la siguiente: una devaluación genera una dinámica inflacionaria (o la agudiza si esta ya está en curso) que tiene efectos redistributivos negativos y produce severas recesiones. Los grandes beneficiados son los exportadores y las grandes corporaciones transnacionales o nacionales mientras caen los salarios reales, el valor de las jubilaciones y de otros sectores de ingresos fijos. Disminuye la actividad industrial, el empleo y la demanda doméstica y queda afectado el mercado interno. Caen las importaciones porque se encarecen los productos importados y aun así terminan desplazando a los nacionales que aumentan aun más (ellos también requieren bienes importados para su producción).
La cuestión se agrava porque la conducta de aquellos que ahora disponen del libre acceso al mercado de divisas (que no son los trabajadores ni la mayor parte de la clase media que podrían estar en condiciones de adquirir 500 dólares por mes) pueden llegar a comprar hasta dos millones de dólares diarios, y luego parte de ellos guardarlos o fugarlos del país, como ha ocurrido en el pasado (tenemos el caso reciente del HSBC). Esto aumenta aun más la contracción de la economía y los efectos recesivos y obliga a volver a endeudarnos y a caer nuevamente en crisis como las del 2001. Tenemos que tener en cuenta, por otro lado, que esta devaluación es en gran parte producto de la crisis de la economía mundial del 2008, de la que todavía no se salió y que la recuperación no depende sólo de las medidas internas que se tomen sino de cómo sale el mundo de esa crisis que lo tiene atrapado y afecta a Europa, China, Brasil y la mayoría de los países del mundo (nosotros entre ellos) y se agrava ahora con la caída del precio de las commodities y con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, que afectarán las deudas asumidas y el nuevo endeudamiento a tomar (para no hablar de los fondos buitre).
Si las devaluaciones han sido una constante en la historia argentina desde la época del modelo agroexportador, ya con el proceso de industrialización en marcha, a mediados del siglo XX, las grandes devaluaciones siempre tendieron a favorecer al sector agropecuario, provocaron fuertes inflaciones, deterioraron los ingresos de los trabajadores y provocaron procesos recesivos. Las de 1958, 1962 y 1975 estaban vinculadas sobre todo a resolver crisis de la balanza comercial; las de 1981, 1989 y 2002 fueron devaluaciones financieras vinculadas fundamentalmente al endeudamiento externo.
Todos esos planes tuvieron fuertes impactos inflacionarios, mayores aun que lo que indican las cifras oficiales y Wahren lo mide con un indicador incontrovertible: el cociente entre el incremento de precios y el incremento del tipo de cambio que indica siempre una devaluación nominal mucho mayor que la real (es decir un aumento de precios mayor que el que debería producir el aumento del tipo de cambio real). Por otro lado, todas esas experiencias terminaron con caída del PBI, o en el mejor de los casos con un crecimiento nulo.
Las altas tasas de pobreza, la caída del empleo y la distribución negativa de los ingresos fueron las principales características de esas devaluaciones, y a partir de la instauración plena de un modelo rentístico-financiero, esto fue acompañado por un profundo proceso de desindustrialización e, incluso, durante la dictadura militar con una reducción directa de los salarios nominales.
Es decir que la devaluación debe sincerarse. Se busca más de lo que se pretende con esa medida. No se quiere una simple devaluación competitiva. Como lo han demostrado todos los ejemplos su fundamento es una fuerte transferencia de ingresos hacia los sectores agroexportadores y de las grandes corporaciones, que buscan además del beneficio directo de sus mayores ingresos, rebajar el salario real, incrementar el desempleo (lo que crea una interesante mano de obra desocupada potencialmente más barata), ligar sus políticas en forma más estrecha a un organismo internacional cuyas directivas son siempre las mismas: devaluación y ajuste.
* Profesor emérito de la UBA. Director de la Maestría en Historia Económica.
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La soluciòn a la cuestión del EI es política, no militar

El mundo|Domingo, 20 de diciembre de 2015
Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París

“Actuar más y hablar menos”

Según el geopolitólogo francés, hablar de terrorismo es hacerles un favor a los terroristas. Dice que la solución a la amenaza que plantea el Estado Islámico es fundamentalmente política y requiere de amplios acuerdos internacionales.

Por Eduardo Febbro
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“Los egoísmos nacionales no tienen más cabida frente a la urgencia de la situación.” Un verdadero acuerdo requiere que todo el mundo participe
Desde París
Bajo una apariencia engañosa de administración mundial, el sistema internacional está en pedazos. La guerra en Siria y en Irak, el hundimiento libio, el acrecentamiento del poder del Estado Islámico, el arraigo dramático del conflicto israelo-palestino o la confrontación entre las potencias occidentales y Rusia son apenas puntas de una madeja muy enredada. Los últimos años han mostrado un sistema internacional que funciona como un eslabón libre, fuera de todo consenso multilateral. ¿Cómo volver a componer un esbozo de coherencia para gestionar las crisis en vez de ampliarlas, tal y como ocurrió en Siria? Para el geopolitólogo Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París (IRIS), las potencias occidentales han perdido varias oportunidades de reformar un sistema que se fue quebrantando con la caída del Muro de Berlín y las sucesivas guerras del Golfo, la del 91 y la de 2003. El desastre está ante nosotros. En estos tiempos de profundas crisis internacionales, el especialista francés ve una ocasión importante de recomposición de ese sistema internacional a partir de las negociaciones sobre el clima. Sin embargo, tampoco obvia los problemas por granel que sacuden al mundo, empezando por el Estado Islámico y la, hasta ahora, imposibilidad de las potencias para adoptar un perfil común y combatirlo a través de una solución política. En esta entrevista con Página/12 realizada en París, Boniface analiza los grandes desafíos modernos, desde el Estado Islámico, el conflicto con Rusia, el acuerdo con Irán o la posición de la política exterior Argentina después de las elecciones.
Este especialista de las relaciones internacionales, autor de numerosos libros, tiene también una pasión popular: el fútbol. Si alguien le da una lista de jugadores y le pregunta cuál es el más grande, responde sin dudar: “Messi”. Ha escrito más de un libro y varios artículos imperdibles sobre la geopolítica del fútbol o el fútbol y la globalización.
–¿Usted considera que en un mundo donde el sistema internacional está dañado, las negociaciones sobre el clima que tuvieron lugar en París dentro de la conferencia COP21 son una forma de recomponer ese sistema multilateral?
–A la comunidad internacional se le reprocha el hecho de que sea incapaz de poner término a la guerra civil en Siria, de resolver la crisis israelo palestina o de vencer al terrorismo. Al mismo tiempo, esa misma comunidad internacional fue incapaz de luchar contra el calentamiento del planeta, y ello cuando ya existe un acuerdo general político, científico, con las ONG y hasta con los industriales para admitir que el calentamiento del planeta es uno de los desafíos más graves que pesa sobre la humanidad y que la responsable de ese calentamiento es la actividad humana. Sin embargo, el sistema internacional no supo detener o ponerle límite a ese problema. Ahora bien, con la conferencia de París sobre el clima se puede empezar a hablar de nuevo de comunidad internacional. De hecho, lo que cambió fundamentalmente entre la precedente cumbre sobre el clima que tuvo lugar en Copenhague en 2009, y que fracasó, y la de París, es que dos países importantes para la lucha del calentamiento del planeta, Estados Unidos y China, cambiaron de posición. Cuando se firmó el protocolo de Kioto, este fue firmado únicamente por los Estados que representaban apenas el 15 por ciento de las emisiones de gases contaminantes. Un verdadero acuerdo requiere que todo el mundo participe. Los egoísmos nacionales no tienen más cabida frente a la urgencia de la situación.
–Sin embargo, frente a esa misma comunidad internacional, la opinión pública manifiesta una angustia creciente. Clima, guerras, terrorismo islamista radical, flujo de refugiados. Las respuestas de esa comunidad son desencontradas. El mejor ejemplo es lo que está pasando con el Estado Islámico en Siria e Irak.
–Con el Estado Islámico ocurre lo mismo que con el clima: únicamente juntos lograremos vencerlo. El Estado islámico no será vencido por un puñado de países. Por ahora, incluso si todo el mundo afirma que es una necesidad, todos no tienen ni las mismas prioridades, ni el mismo calendario en el combate contra el Estado Islámico. Es preciso trabajar en pos de un consenso para que, en vez de decir que el Estado Islámico es un enemigo, se diga cómo será neutralizado ese enemigo. En suma, existe un acuerdo entre todos para diagnosticar la enfermedad, pero no para definir la forma de curarla.
–¿De qué convergencia de errores críticos, de herencias coloniales y de estrategias disparatadas surge el Estado Islámico?
–No se debe negar la historia colonial. La herencia colonial existe, desde luego, y occidente debe tomarla en cuenta, pero no explica todo. No se puede resumir la situación a ese único dato. Si miramos lo que ocurre hoy se puede decir que el Estado Islámico tiene, de hecho, dos filiales, dos padres: el primero es la Guerra de Irak (2003), que se lanzó contra el terrorismo y a la cual Francia y Argentina se opusieron. Quienes estaban en contra de esa Guerra de Irak no lo hicieron porque respaldaban a Saddam Hussein, sino porque decían que esa guerra iba a aportar más desgracias que cosas positivas. Vemos bien que sin la Guerra de Irak y sin las decisiones estúpidas del administrador norteamericano nombrado en Irak, Paul Bremer, nada de esto hubiese ocurrido. Bremer decidió desmantelar todo el aparato del Estado iraquí pensando que todos los sunnitas eran ardientes partidarios de Saddam Hussein. Los sunnitas se sintieron rechazados. Eso dio lugar al surgimiento del Estado Islámico. Luego, del otro lado, está lo que pasó en Siria y la brutal represión del presidente Bashar al Assad. Al principio, en Siria, asistimos a una revolución pacífica. Pero Bashar al Assad va a convertir esa revolución en un asunto confesional y la va a militarizar con el argumento según el cual si la revuelta ganaba los alauitas y los cristianos serían eliminados. Seguidamente, Bashar al Assad procederá a internacionalizar ese conflicto cuando pidió ayuda a Rusia y a Irán. Hoy vemos cómo el Estado Islámico recluta combatientes a partir de la terrible represión de Bashar al Assad. Esa represión lleva a que muchos opositores que antes eran pacíficos se unan al EI diciéndose que, frente a la violencia del régimen, vamos a emplear métodos igualmente violentos. Desde luego, hay más razones que estas, pero se puede decir que los dos elementos claves que produjeron al Estado Islámico son estos: la Guerra de Irak en 2003 y la represión del régimen sirio después de 2011.
–La solución parece empantanada en la disputa ente las potencias y sus abismales divergencias.
–La solución es doble. Todos son hoy conscientes de que se requiere una solución política. Mientras el gobierno iraquí no sea más inclusivo, mientras los chiítas no cedan un poco de espacio a los sunitas, el estado Islámico seguirá reclutando en Irak. Y mientras Bashar al Assad siga en el poder ocurrirá lo mismo en Siria. Hay evidentemente una elemento militar para derrotar al Estado Islámico, pero vemos muy bien que la solución pasa antes que nada por lo político.
–Sin embargo, las monarquías del Golfo Pérsico también intervinieron en la guerra siria cuando, al principio, empezaron a armar a la oposición. Arabia Saudita y Qatar aparecen regularmente citados.
–Sí, es cierto, la militarización también los incumbe. Armaron a la oposición, pero no al Estado Islámico. Pero, por ejemplo, el papel de Arabia Saudita es más antiguo. Arabia Saudita financió a los predicadores, la construcción de escuelas coránicas, de mezquitas y a gente que propagaba una doctrina salafista. Pero desde 2001, Arabia Saudita cambió de política y hoy está incluso amenazada. Por eso hay que distinguir a Qatar y a Arabia Saudita. Incluso si ambos son wahabitas no tienen ni la misma gestión de sus asuntos internos, ni la misma política internacional. Se le pueden hacer muchos reproches a Arabia Saudita, pero no es lícito decir que financia al Estado Islámico. En la lucha contra el Estado Islámico, Arabia Saudita está de nuestro lado.
–¿Qué lugar ocupa el antagonismo entre chiítas y sunnitas en la aparición del Estado Islámico y en este conflicto?
–Existe una conexión, desde luego. En primer lugar porque el Estado Islámico prosperó con el rechazo a los sunitas en Bagdad y Damasco. El conflicto tiene, por consiguiente, una base confesional. Sin embargo, no comparto esa idea defendida por ciertas personas según la cual el mundo entero está separado entre sunitas y chiítas y que esta es la principal brecha. No. Por ejemplo, Irán ayudó a Hamás, que no es chiíta. Bashar al Assad es un alauita y un aliado estratégico contra el Irak de Saddam Hussein. En suma, la brecha existe pero no lo explica todo, excepto que cuando más pasa el tiempo esa brecha entre sunitas y chiítas se torna más importante.
–Ese terrorismo del Estado Islámico tiene otro perfil. ¿Cuál es la diferencia o la evolución entre el Estado Islámico y Al Qaida?
–La diferencia radica en que Al Qaida era una base presente en Afganistán pero no contaba con un territorio. El Estado Islámico cuenta con un territorio de 200 mil kilómetros cuadrados. Se trata de un terrorismo que es al mismo tiempo es territorializado y extraterritorial. El Estado Islámico ganó el combate contra Al Qaida. Las filiales que antes se aliaban a Al Qaida ahora se alían al Estado Islámico. Pero lo que cambia fundamentalmente es ese arraigo territorial a partir del cual el EI puede conseguir recursos que, por ejemplo, Al Qaida casi no tenía. El Estado Islámico obtuvo importante recursos exportando petróleo, o haciéndole pagar impuestos a las personas que viven en sus territorios. Ese dinero sirve para reclutar. El EI cuenta con un ejército de varias decenas de miles de hombres. Al Qaida nunca lo tuvo. En este sentido, el Estado Islámico es mucho más peligroso.
–Ese terrorismo de origen sunnita terminó por expandirse en Europa. Los atentados de París, en enero y noviembre de 2015, prueban que existe realmente un enorme problema, con varias cabezas.
–Sí, desde luego. Hemos sido alcanzados por el terrorismo, España en 2004, Gran Bretaña en 2005, Francia y Bélgica este año. La verdad consiste en admitir que un atentado puede tener lugar mañana mismo, en cualquier parte de Europa. Se pueden proteger 1000 lugares, pero los terroristas van a atacar el 1001. Es preciso integrar el hecho de que la amenaza persiste, sin plegarse a la paranoia ni cambiar de forma de vivir. Habrá que vivir con la amenaza terrorista como se vive con la amenaza de una enfermedad o de un accidente. Raymond Aron ya decía en 1962 que los terroristas tienen un impacto psicológico y mediático superior a su impacto estratégico. Nos golpearon, pero el país no fue invadido, no estamos de rodillas. Creo, sin embargo, que hablar tanto del terrorismo y los terroristas equivale a caer en la trampa que nos tienden. De lo contrario estamos dando la impresión de que los terroristas nos ganaron porque sólo hablamos de ellos. Habría que actuar más, y hablar menos para no suscitar nuevas vocaciones en personas que van a creer que son héroes. Cuando se muestran en primera plana las fotos de los terroristas eso les gusta. Siento que hace falta una reflexión colectiva acerca de un poco más de discreción mediática y política y mucha más acción, acción subterránea. De lo contrario, los terroristas se dirán: pusimos a Francia de rodillas, hay que continuar. Los atentados terroristas provocan muchas muertes, pero no borrar del mapa a Francia o la Argentina.
–A este pesado y sangriento antagonismo se le ha adherido otro: el que Occidente tiene con Rusia, que también juega su propio juego en el mapa de Medio Oriente. ¿No cree usted que, en Ucrania y otras repúblicas rusas a las cuales la Unión Europea les ofreció acuerdos estratégicos, Occidente provocó a Rusia sin medir demasiado las consecuencias? El presidente ruso siempre dice que, tras la caída del Muro de Berlín, Occidente no cumplió con sus promesas frente a Moscú.
–Está claro que hay responsabilidades occidentales, incluso si esto no exonera a Vladimir Putin de las suyas. Yo diría que nos perdimos el momento decisivo para construir un nuevo orden mundial. El momento exacto de ese corte remonta la cumbre del grupo de los 7, el G7, que tuvo lugar en julio de 1991. El dirigente soviético de entonces, Mijaíl Gorbachov, había aceptado sancionar a su aliado iraquí votando a favor de la intervención militar en Irak tras la invasión de Kuwait. Gorbachov antepuso el nuevo orden mundial a la protección de su aliado iraquí. En esa cumbre del G7 Gorbachov vino a pedir una ayuda de urgencia. Francia y Alemania estaban de acuerdo, Estados Unidos y Japón no. Ambos apostaron por el otro dirigente ruso, Boris Yeltsin. En ese momento, Gorbachov les dijo: “Ustedes no me dan la ayuda, es la última vez que me ven a la cabeza de la Unión Soviética”. Creo que la enorme responsabilidad que recae en Estados Unidos es haber preferido ser el ganador de la Guerra Fría en vez de ser el constructor de un nuevo orden mundial. Por eso a Washington le convino mucho Boris Yeltsin, que era un dirigente débil, que no estaba a la altura de un país como Rusia. Washington pensó que era más útil desmantelar el comunismo y terminó reemplazando un de- safío nacional ruso por un de- safío ideológico. En este sentido, Vladimir Putin, si bien es muy impopular en Occidente, en Rusia tiene dos categorías que lo apoyan: el consumidor y los patriotas rusos, quienes ya no tienen ese sentimiento de humillación.
–Otro de los grandes temas de la actualidad es el acuerdo entre Irán y las potencias tendiente a superar el diferendo a propósito del programa nuclear iraní. Es un hecho de grandes proporciones que parecía imposible.
–Se puede pensar que el acuerdo firmado con Irán el pasado 14 de julio es bueno porque evita la perspectiva de ataques contra Irán y también un Irán nuclear. A partir de ahora, todo consiste en saber si Irán se va a servir de ese acuerdo para seguir desestabilizando a sus vecinos o calmarse. En cuanto al tema de Irán y la Argentina, ese tema sobrepasa el marco bilateral. Todas las revelaciones sobre lo que ocurrió deben ser divulgadas. Es difícil escapar a los debates nacionales sobre las cuestiones internacionales. Lo que si se debe evitar es que se comprometa una acción internacional para sacar ventajas políticas partidistas.
–Concluyo con un tema de geopolítica latinoamericana. Hay nuevas autoridades en la Argentina, país que usted conoce, y se dio todo un debate sobre las alianzas regionales más idóneas: por un lado el Mercosur, por el otro un lazo más fuerte con Estados Unidos, sus políticas de libre cambio, o con la a Alianza del Pacífico. Digamos una política con la brújula puesta en la región y otra en Washington.
–La Argentina no puede cortarse de su medio ambiente regional. Sería un error dramático y no conforme a sus intereses. Se trataría de un error ideológico y la Argentina sería la primera víctima. En cuanto a si hay que estar en medio de los dos, pienso que la Argentina debe tener, claro está, relaciones con los Estados Unidos, pero como es un país más latinoamericano no creo que los argentinos acepten aparecer como demasiado dependientes de Estados Unidos.
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El derribo de aviones como pena de muerte. Horacio Verbitsky

El país|Domingo, 20 de diciembre de 2015
La abolida pena de muerte aún se aplica en las Américas

Los libros y la calle

Verbitsky expuso sobre la situación en las Américas durante la reunión celebrada en Madrid por la Comisión Internacional contra la pena de muerte, que integra. La Comisión aprobó sus nuevos estatutos, fijó su sede en Madrid y firmó una declaración exhortando a la abolición inmediata de la pena de muerte en todo el mundo. Las ejecuciones extrajudiciales, el derribo de aeronaves y los asesinatos selectivos son las formas más perversas de castigo, sin juicio ni defensa.

Por Horacio Verbitsky
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La Comisión Internacional, reunida en Madrid. De izquierda a derecha: su presidente, Federico Mayor Zaragoza; la diplomática española Marta Villardel que intervino en la redacción de los estatutos; el secretario de Estado español Ignacio Ybañez y los comisionados Navi Pillay, Horacio Verbitsky, Ioanna Kuçuradi, Hanne Sophie Greve, Ruth Dreifuss y Bill Richardson.
Muchas leyes, algunas constituciones americanas y todos los sistemas de protección de los derechos humanos garantizan el derecho a la vida. De los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos, 19 ya abolieron la pena de muerte por delitos comunes y 15 aún la tienen en los códigos pero no la aplican desde 2008. Sólo los Estados Unidos continúan realizando ejecuciones, como ya explicó el comisionado Bill Richardson, aunque la cantidad de nuevas condenas y de ejecuciones declina año tras año.
El número de inocentes ejecutados en Estados Unidos (151 personas desde 1973) y el inocultable sesgo racista de las víctimas (el 60% fueron afroamericanos) es impresionante.
Sin embargo, tampoco en el resto de las Américas conviene apurarse a celebrar, ya que formas más solapadas de criminalidad estatal logran el mismo efecto de control social allí donde la pena de muerte legal ha sido abolida o no se practica. Ése es el caso de las ejecuciones extrajudiciales y de las leyes de derribo de aeronaves, que con el argumento de enfrentar al nuevo demonio del narcotráfico se han ido extendiendo por la región.
En la Argentina, la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 nunca aplicó la pena de muerte tal como estaba contemplada en bandos y decretos de excepción. Sin embargo se produjeron miles de ejecuciones extrajudiciales por mano de fuerzas estatales. Bajo el impacto de estos episodios, en 1984 el primer gobierno electo por el voto popular derogó la pena de muerte por delitos comunes. Diez años después, bajo un gobierno de otro signo político, la reforma constitucional de 1994 abolió en forma definitiva ese castigo por razones políticas. En 2008, la Argentina ratificó el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y derogó el Código de Justicia Militar, como conclusión de una causa que un joven oficial del Ejército llevó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos con el patrocinio del CELS. De este modo la pena de muerte fue abolida bajo cualquier circunstancia y no podrá ser reimplantada. Esto ocurrió durante un tercer gobierno, lo cual indica el amplio consenso suprapartidario que sustenta esta decisión.
Pero esa pena erradicada de constituciones, leyes y códigos se sigue aplicando en las calles, por medio de las ejecuciones extrajudiciales, que constituyen una forma aún más perversa, porque se aplica sin juicio ni defensa, a discreción de quien empuña las armas que el Estado puso en sus manos para garantizar el orden constitucional y las libertades públicas. La base de datos del CELS registra por lo menos 130 ejecuciones en la última década: 55 cometidas por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, 46 por integrantes de la Policía Federal y 6 por la nueva policía metropolitana de la Capital. Los autores de la mayor parte de esas muertes estaban de servicio al producirse los hechos y la mayoría abrumadora de las víctimas fueron hombres jóvenes, de menos de 30 años de los barrios más pobres. En lo que va de este año, se contabilizaron no menos de 11 situaciones de este tipo en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reúne a la Capital Federal y a los partidos más próximos del conurbano bonaerense.
Un defensor público, un juez y hasta el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense acusaron a la policía de reclutar a hombres jóvenes para robar automóviles y saquear viviendas marcadas y de matarlos luego. La investigación de estas denuncias nunca avanza porque frente a la histeria mediática por “la inseguridad” no hay un escándalo equivalente contra la violencia institucional.
En 2004, el oficial Hugo Alberto Cáceres fue condenado a 22 años de cárcel, por haber organizado un escuadrón de la muerte financiado por comerciantes de los barrios del norte del conurbano para eliminar a jóvenes ladrones. Pero en 2010 ya estaba en libertad, anunciando en Facebook los servicios de su agencia privada de seguridad. Su mejor publicidad es la fama que se había ganado en su anterior cargo público.
Casos similares se denunciaron en el área próxima al aeropuerto internacional de Ezeiza, implicando a varios oficiales y suboficiales protegidos por el intendente Alejandro Granados. Una década después, Granados fue designado ministro provincial de Seguridad. Durante su gestión el gobierno modificó el tipo de información pública incluyendo por primera vez la inadmisible categoría de “delincuentes abatidos”, que es una celebración apenas disimulada de esas ejecuciones extrajudiciales. Hablar de delincuentes cuando no ha habido, acusación, defensa ni juicio, es un modo hipócrita de convalidar esas penas de muerte ilegales.

Un problema general


El mismo esquema se repite en otros países de la región, como México, Brasil, Colombia y Venezuela. Más allá de las diferencias de país a país, diferentes informes del Relator Especial de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de Amnesty y de organizaciones no gubernamentales calculan en unos 500 los homicidios cometidos cada año por la policía de San Pablo y de Río de Janeiro, las principales ciudades de Brasil; varios miles de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en Colombia, donde esos casos se conocen como “falsos positivos”; una relación de veinte civiles asesinados por cada militar que muere en México, y alrededor de mil personas ejecutadas por año en Venezuela, una amplia mayoría de entre 15 y 20 años, sin proceso legal alguno.
En todos esos casos, la norma es la falta de información seria y fiable. El Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Christof Heyns, recomendó la creación de una base de datos consolidada sobre homicidios, por Estado, género y edad, como un paso para el establecimiento de una política pública efectiva y la muy necesaria responsabilidad.
Durante la reciente campaña electoral argentina, distintas fuerzas políticas propusieron implicar nuevamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que fue prohibido por las sucesivas leyes de Defensa Nacional, de 1988; de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, sancionadas por acuerdo multipartidario durante tres diferentes gobiernos, y reglamentadas en 2006 por un cuarto presidente. Este cambio provoca resistencia incluso dentro de las Fuerzas Armadas, dado que su organización, armamento y doctrina son por completo diferentes a los de las fuerzas policiales.
La mayoría de esas propuestas contemplan apostar tropas militares en las zonas fronterizas por las que se afirma que ingresan los narcóticos de consumo prohibido por las autoridades sanitarias. El derrotado candidato presidencial Sergio Massa, cuya tercera fuerza no pasó de la primera ronda electoral, también clamó que ese despliegue alcanzara a los barrios pobres de las grandes ciudades. Además legisladores de diferentes partidos presentaron proyectos de ley que permitiría derribar aeronaves sospechosas de transportar sustancias ilegales. Todos esos proyectos contemplan el uso de armas de guerra contra esos aviones, ante la mera sospecha de que a bordo pudiera haber personas que intentaran cometer un delito. Esto equivale a una condena a muerte sin juicio, con absoluto desprecio por el derecho a la vida y la presunción de inocencia y también viola el derecho internacional que prohíbe atacar aviones civiles que no constituyan una amenaza armada. Leyes de este tipo ya han sido sancionadas en Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Uruguay es el único de esos países que anunció la decisión de no derribar aviones sospechosos. El resto se ha jactado de haber destruido, inutilizado, neutralizado o derribado aeronaves, pero no hay datos disponibles sobre el número de muertos y/o heridos en esas operaciones. La única excepción ocurrió en Perú en 2001, cuando fue derribado un avión, lo cual causó la muerte de una familia de misionarios estadounidenses, con un bebé de siete meses. Como consecuencia, ese programa impulsado igual que el de Colombia por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue suspendido durante varios años. Recién se reinició la década siguiente, mediante una nueva ley promulgada por el dictador civil Alberto Fujimori.

Asesinatos selectivos


Según el informe 2010 del entonces Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Philip Alston, los asesinatos selectivos constituyen una licencia para matar, definida en forma imprecisa.
Sus efectos prácticos son la imposición de la muerte a presuntos terroristas, con desprecio por su derecho a la vida y un juicio justo. Según el actual Relator, Christof Heyns, desde noviembre de 2002 hasta febrero de 2014 por lo menos 2.835 personas murieron en Paquistán, Yemen y Somalia por ataques con drones. Distintas investigaciones periodísticas y de organizaciones defensoras de los derechos humanos han establecido que un alto número de víctimas eran civiles dedicados a actividades normales de su vida cotidiana, como compras en mercados, internación en hospitales o fiestas familiares. Estados Unidos es el país que más usa los asesinatos selectivos y hay evidencias de que los ha cometido en Afghanistán, Irak, Libia, Paquistán, Somalia y Yemen. Desde que Barack Obama asumió el gobierno su país ha realizado por lo menos 400 ataques con drones, que causaron la muerte a más de 2.600 personas. El gobierno no confirma el número de operaciones ni de muertes, y sólo en contados casos lo máximo que el gobierno y/o las fuerzas militares estadounidenses han hecho es reconocer el error y pedir disculpas. Demasiado tarde. La Comisión debe redoblar sus esfuerzos para que la pena de muerte sea abolida en los países que aún no lo han hecho, pero su plan de acción también debe tomar en cuenta estas formas no por sinuosas menos terribles de aplicación del castigo capital.
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