domingo, 11 de julio de 2010

El presidente Miguel JUÁREZ CELMAN, y el Senador Radical ARISTÓBULO DEL VALLE, en el SIGLO XIX fueron quienes lucharon desde sus posiciones por el MATRIMONIO CIVIL, con argumentos que hoy son de vanguardia frente a los oscurantistas de la mayoría de los radicales del Senado del Siglo XXI


La guerra de Dios
Los curas tuvieron el monopolio de los casamientos hasta que hace 122 años se instauró el matrimonio civil, que buscaba incluir a una minoría: los inmigrantes de otra religión o de ninguna. La Iglesia decía que era “el fin de la familia”, que atentaba contra el orden natural y que habría “resultados funestos” en la sociedad.
Por Emilio Ruchansky


Miguel Juárez Celman, el presidente que mandó el matrimonio civil al Congreso como parte de la reforma laica de la sociedad iniciada por Sarmiento.


Miguel Juárez Celman, el presidente que mandó el matrimonio civil al Congreso como parte de la reforma laica de la sociedad iniciada por Sarmiento.
No eran homosexuales y lesbianas a quienes se pretendía incluir en el Código Civil en 1888, cuando se debatió la reforma de la legislación para instaurar el matrimonio civil en la Argentina. Eran miles de inmigrantes los principales beneficiarios, que por no haber en el país sacerdotes de su culto o no profesar una religión, como explicaba el entonces presidente Miguel Juárez Celman, se veían “en la dura alternativa de traicionar su conciencia o de privarse del derecho de formar un hogar amparado por las leyes”. Al igual que en estos días, la discusión en el Senado pasaba por igualar los derechos de una minoría y la Iglesia veía la reforma como una amenaza a la familia y una violación a “la ley de Dios”, tal como repitió el arzobispo porteño Jorge Bergoglio 122 años después de la aprobación del matrimonio civil.

El Código Civil había sido redactado por Dalmacio Vélez Sársfield e instituido en 1869. En lo que respecta al matrimonio y las relaciones familiares, ese texto sólo se limitaba a convalidar jurídicamente el código canónico. El hombre, apunta Susana Torrado en su libro Historia de la familia en la Argentina moderna, seguía siendo “el jefe indiscutido”, y la mujer, sin permiso de su marido, no podía ejercer públicamente alguna profesión “o comprar al contado o al fiado objetos destinados al consumo ordinario de la familia”, por ejemplo.

El matrimonio seguía, por este código, siendo religioso, y debía ser celebrado según los preceptos de la Iglesia Católica. Además, agrega Torrado, “se excluye el matrimonio meramente civil, incluso para contrayentes que no fueran de la fe católica, los que debían casarse según las leyes y los ritos de la iglesia a la que pertenecieran”. Si no profesaban religión alguna, no había forma de que pudieran casarse. En 1880, en pleno modelo agroexportador y cuando gobernar era poblar (por eso no es casualidad la iniciativa de Juárez Celman: el plan era atraer a los ingleses, que eran protestantes), la Iglesia manejaba la educación y registraba nacimientos, casamientos y defunciones.

Tras luchar y perder en 1886 frente al proyecto sarmientino de una educación pública, gratuita y laica, la Iglesia comenzó una campaña contra la instauración del matrimonio civil, que no impedía ni impide que los cónyuges se casen luego según el rito religioso. Todavía no había empezado la discusión en el Senado, cuando el arzobispo porteño, Federico Aneiros, envió una carta de advertencia que se leyó en el recinto y consta en el diario de sesiones. “¿Con qué derecho puede hacerse a un lado la legislación divina, cristiana y canónica en cuanto al matrimonio?”, protestaba el arzobispo, que en el mismo párrafo aseguraba: “La ley divina o canónica nos rige con posesión completa desde el primer día de nuestra civilización”.

Para Aneiros, el proyecto violaba “la ley natural” porque, entre otras cláusulas, establecía edades mínimas para casarse: 12 para la mujer, 14 para el hombre. “Para aquella violación se da por causa la libertad más amplia de conciencia ¿y de quiénes?, de los inmigrantes; pero, ¿es justo que por éstos, por muchos que sean, haya que amoldarse la inmensa multitud de los habitantes del país? ¿Y esos inmigrantes, casi todos no son católicos?”, escribió el arzobispo porteño. Este pensamiento, casi calcado, es el que ahora difunde por ejemplo Antonio Marino, el obispo auxiliar de La Plata, quien entiende que “el derecho a casarse no es un derecho universal”.

Hasta 1888, la ley debía sostener el culto católico y la cúpula eclesiástica no ocultaba su temor de que el matrimonio civil la perjudicara, según Aneiros, “incitando, facilitando y tentando a todos a prescindir de la Iglesia para casarse, habiendo tantos tan fáciles de caer en esa tentación”. El obispo de Córdoba, Fray Reginaldo, también envió una carta al Senado “suplicando” para “bien de la patria y la religión” que no se apruebe el matrimonio civil, que “produciría otros resultados funestos a la sociedad argentina”. Para Reginaldo, las leyes eclesiásticas sobre el matrimonio satisfacían “todas las necesidades del pueblo argentino”.

El 23 de junio pasado, el obispo de San Justo, Baldomero Carlos Martini, y su auxiliar, Damián Santiago Bitar, imitaron a sus antecesores y enviaron una carta al presidente del Senado, Julio Cobos. Nuevamente el objetivo era desestimar los derechos de las minorías. “Se adujo que no podrían coartarse los afectos de dichas ‘minorías sexuales’ –escribieron–. En realidad, todos los afectos quedan al margen del derecho y de las leyes. Si los afectos tuvieran alguna relevancia jurídica, debería haber un registro público de amigos, ya que se trata del afecto más universal y abarcativo en la vida de toda persona humana.”

Como ahora, en 1888 también se juntaron firmas para frenar el tratamiento de la ley. El 9 de septiembre de ese año, según recopila Torrado en su libro, en La Prensa apareció una noticia breve que indicaba: “El cura del partido (de General Alvear) declaró el último Domingo, escomulgado á todo el que, estando presente en la misa, no firmase la petición al Congreso en contra del matrimonio civil. Sin embargo, a excepción de unas once viejas y veintidós chicos de escuela, nadie quiso firmar” (sic).

Hace unas semanas, alrededor de 400 mil familias de alumnos de colegios católicos y parroquiales bonaerenses recibieron por mail o en el cuaderno de comunicaciones una “invitación” a firmar una declaración contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Jujuy, el abogado Fernando Bóveda pidió al obispo local que excomulgue a los diputados y senadores nacionales de esa provincia que hubieran votado o vayan a votar a favor de la ley, “dado que a los nombrados se les debe exigir un mayor compromiso con los principios cristianos”.
El tema de fondo era, como ahora, la ampliación de derechos.

Cuando el presidente Juárez Celman ingresó el proyecto en el recinto, mandó la siguiente nota: “Las leyes que reglamenten el matrimonio deben inspirarse en el mismo espíritu liberal de la Constitución, para que sea una verdad la promesa de ‘asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino’”. Incluso insistió en que un contrato “de tanta trascendencia” no debía entregarse “a los ritos de las diversas religiones que existan en la República; tanto más, cuanto que muchos de sus habitantes no profesan culto externo alguno”.

Para rechazar estos argumentos, el obispo Aneiros aseguró sobre los inmigrantes que no profesaban una religión: “Aquellos seres, tan raros, también pueden casarse, no obstante su infidelidad, pues no es éste un impedimento indispensable”. Es decir, Aneiros no consideraba que se violentara a una pareja al obligarla a casarse por Iglesia si quería contraer matrimonio. Así negaba lo que Juárez Celman reclamaba respetar: “la libertad de conciencia, la hermosa conquista de la civilización”.

Claro que, como se puede leer en el diario de sesiones, el matrimonio civil no era sólo un reclamo de los inmigrantes (aunque resultaba conveniente a muchos criollos que así se creyera). El senador Aristóbulo del Valle mencionó la historia del casamiento de Gretnagreen, que tiene paralelismo con lo ocurrido en Tierra del Fuego, lugar al que tuvieron que viajar Alex Freyre y José María Di Bello para convertirse en el primer matrimonio homosexual de América latina.

Resulta que en Gretnagreen, Escocia, cualquier pareja heterosexual podía casarse mientras existiera consentimiento de las partes, más allá de la religión. Muchos lo hacían en la casa de un herrero que vivía cerca de la frontera donde se guardaba un registro de matrimonios. “Llegó un momento en el que el presidente del consejo, el canciller de la Monarquía y el lord guardasellos de Inglaterra eran casados en Gretnagreen”, contó el senador. En Argentina, dio fe Del Valle, los matrimonios entre “niñas disidentes y caballeros católicos se celebran en Montevideo o Colonia”. En medio de estos debates de la primacía religiosa sobre la vida civil también se escondía un problema económico. La Iglesia cobraba, y cobra aún, para realizar la ceremonia religiosa del casamiento. Y el tema fue mencionado por el ultracatólico Manuel Pizarro en la sesión del 1º de septiembre de 1888. “Se dice que los curas no casan a muchos porque esos muchos son pobres”, advirtió el senador santafesino. Y enseguida encontró la forma de enmendar esta injusticia divina, con tal de no aprobar el matrimonio civil: “Pongámosles un sueldo a los curas, y entonces el pueblo no será explotado, se casarán todos sin dificultades de ningún género”.

viernes, 9 de julio de 2010

Matrimonio gay y civismo: en otras palabras, buena educación, urbanidad y cortesía. Sólo de eso se trata. Por GABRIELA SEIJAS


                        
Gabriela Seijas

La sociedad puede debatir si existe un modelo ideal de familia. Aun si fuera posible algún consenso, ello no permitiría privar de protección legal a quienes no respondan al modelo. Tal como afirmó Hölderlin en su Hiperión : "Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo lo ha convertido en su infierno".
Para la comunidad científica, la homosexualidad no es una enfermedad y, si bien la religión puede colocar la conducta sexual de las personas en el centro de sus sistemas éticos, el Derecho, no. La homosexualidad, entonces, no es un problema para el Estado.
Muchos creen tener derecho a señalar a otros como anormales y no vacilan en comparar relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo con la pedofilia, la zoofilia o el incesto. Revelan, así, que el problema que requiere urgente atención es la irracional aversión de quienes pretenden excluir del goce de determinados derechos a un grupo que, en su fantasía, suponen amenazador para su integridad o la de su familia.
Si bien, frente al imperativo de la corrección democrática, discursos fuertemente reaccionarios aceptan la homosexualidad mientras quede reducida al ámbito de lo privado, el reclamo por algo tan público como el matrimonio muestra lo insuficiente del discurso de la tolerancia.
A partir de sentencias favorables a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, el intento de mantener determinadas concepciones adquirió características violentas. Basándose en lecturas deformadas de precedentes de la Corte Suprema se han colectivizado procesos referidos a derechos civiles, como si trataran asuntos de contaminación ambiental. Se intentó confiscar libretas de matrimonio bajo amenaza de cuantiosas multas. Una ceremonia fue suspendida por personas que invocan sin reparo la "ley natural" cuando la positiva no basta.
Esta frustración tiene consecuencias que van más allá de herir sentimientos u ofender. Cuando alguien entre en coma, su pareja no podrá ejercer determinados derechos. En caso de morir, no podrá recibir su cuerpo. No habrá licencias laborales para celebrar ni para cuida ni para velar. Cuando un hijo quede a cargo del padre no biológico, éste no podrá repeler los reclamos judiciales de los familiares, y podrá perder hasta el derecho a verlo. Todo ello, en defensa de un ideal de familia cuya hegemonía está irremediablemente cuestionada en la práctica social.
La lucha contra la discriminación requiere una reforma legislativa. Los argumentos jurídicos son simples: la "familia" protegida por el bloque constitucional incluye a las que le gustan al intérprete y las que no. No se trata de debatir si son posibles otras formas de vida afectiva distintas de la tradicional porque las tenemos delante, existen. Se trata de saber si es posible diseñar un marco legal inclusivo que adapte sus institutos a la realidad.
Un gran número de niños es criado actualmente por gays y lesbianas, ya sea en pareja o solos. Esto es considerado un riesgo para la transmisión de cierta "pureza cultural". Sin embargo, no hay evidencia científica de que los progenitores homosexuales se diferencien de los heterosexuales en su capacidad de dar amor, contención y educación, o que sus hijos muestren algún déficit respecto a los niños criados por heterosexuales. Lo que resulta indudable es que si sus progenitores pueden casarse, se verán favorecidos por los beneficios que proporciona el matrimonio y por la ausencia de la estigmatización legal de sus familias. Los heterosexuales no son naturalmente padres abnegados. Es elemental la existencia de un genuino deseo para ser padre. Esta voluntad pese a tanta adversidad y prejuicio se muestra como la contracara del abandono.
La idea de establecer un sistema de "unión civil" no resulta suficiente. Parece desconocer que, históricamente, el concepto de "iguales, pero separados" ha servido para camuflar el repudio hacia grupos excluidos. El mantenimiento de un régimen exclusivo para parejas heterosexuales refuerza la estigmatización y es demostrativa del desprecio a las diferentes formas de sexualidad. Sugiere que el compromiso es inferior y que no merece los derechos que otorga el matrimonio. Nuestro marco constitucional otorga derechos que van más allá de la mera privacidad, como el derecho de las personas a ser tratadas dignamente.
Que el Congreso de la Nación tome la iniciativa en la lucha contra la discriminación y apruebe esta reforma, importaría generar un marco legal que fomente la libertad y el autogobierno bajo condiciones de igualdad. Decir que se está a favor del matrimonio gay no es un ataque ni una defensa de la institución. Admitirlo es la manera de asegurar que quienes así lo quieran puedan acceder a ese derecho, e importará contrarrestar los fuertes discursos homofóbicos que aún persisten en nuestra sociedad.
Ya que tanto se ha discutido últimamente sobre etimologías, permítaseme sumar una más. El civismo (del latín civis ) se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad: el respeto hacia el prójimo, el entorno y lo público. En otras palabras, buena educación, urbanidad y cortesía. Sólo de eso se trata.
© LA NACION
La autora es jueza en el fuero contencioso administrativo de la ciudad.

jueves, 8 de julio de 2010

La senadora Negre de Alonso no acepta que la ley reconozca que somos personas iguales a ella

La “unión civil” es una forma de apartheid




POR BRUNO BIMBI
La comisión de Legislación General del Senado aprobó ayer dos dictámenes que serán debatidos el 14/7 en el recinto. Uno de ellos, impulsado por los presidentes de bloque del kirchnerismo, la UCR, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Luis Juez, los fueguinos y otros, propone sancionar la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo tal como salió de Diputados. El otro, obra de la senadora del Opus Dei Liliana Negre, propone una ley segregacionista que clasifica a los argentinos en dos categorías: los heterosexuales, que tendrán derecho a casarse, y los homosexuales, que podrán “unirse civilmente”, con menos derechos, en un régimen “especial”.
Este mismo debate se dio en España y Portugal, países que legalizaron el matrimonio homosexual. Cuando Zapatero envió al congreso español la nueva ley de matrimonio, el post franquista Partido Popular –que siempre se había opuesto a cualquier reconocimiento legal para esas parejas– propuso como alternativa la “unión civil”. Lo hizo apelando a argumentos lingüísticos fácilmente refutables, como que “matrimonio” viene del término latino mater, que significa madre, y no podría entonces darse entre dos hombres (no explicaban por qué no entre dos mujeres). Olvidaban que patrimonio viene de pater, porque era un derecho exclusivo del varón, al igual que la patria potestad, y que salario viene de sal, porque así se les pagaba a los soldados. O que familia viene de famulus, que significa esclavo, y trabajar de tripaliare, que significa “castigar con el tripaliu”. También decían que el diccionario de la RAE definía al matrimonio como “la unión del hombre y la mujer”, como si las leyes dependieran de un grupo de lexicógrafos. Las academias valencianas y catalana ya modificaron sus diccionarios y la RAE anticipó que hará lo propio.
Lo que estaba por detrás no era la lingüística, sino la pretensión de establecer una distinción legal que dejara en claro que, para ellos, no merecemos el mismo respeto. La senadora Negre nos odia y no acepta que la ley reconozca que somos personas iguales a ella. En Portugal, donde el Código Civil no habla de matrimonio, sino de “casamento”, la derecha también se oponía a que se llamara así y ofrecía la “unión civil”. Y casamiento no viene de mater, sino de casa, pero no importa, porque esos argumentos son excusas. Si en algún país no existiera el "matrimonio" ni el "casamiento", sino sólo la "unión civil", y esta fuera exclusiva para heterosexuales, se opondrían a que las uniones entre personas del mismo sexo se llamen "uniones civiles" e inventarían otro nombre para mantener vivo el prejuicio.
Ya sucedió en otras épocas. Pedían que voto femenino no se llamara “voto” (porque el voto era, decían, un atributo “natural” de los varones), sino “derecho a la participación política de la mujer”. Como las escuelas para negros y las escuelas para blancos en otros países, lo que buscan es seguir discriminando. Lo dijo Desmod Tutu, premio Nobel de la Paz sudafricano, líder junto a Mandela de la resistencia contra el racismo: “La homofobia es un crimen contra la humanidad tan injusto como el apartheid”. No es casualidad que Sudáfrica haya sido uno de los primeros países del mundo en legalizar el matrimonio homosexual.
http://bbimbi.blogspot.com/2010/07/la-union-civil-es-una-forma-de.html

domingo, 4 de julio de 2010

"Las penalistas no creemos en la eficiencia del Derecho Penal y tememos que como un elefante en un bazar, cause más daño del que pretende evitar" STELLA MARIS MARTINEZ


Un grupo de especialistas en género discutió si es posible aceptar la prostitución como una salida laboral o si siempre implica violencia sexual. El tema fue abordado en un encuentro celebrado en Buenos Aires en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA. 

Con respecto a la postura de la estadounidense Catherine MacKinno de "criminalizar a los clientes" para eliminar la prostitución, apoyado por muchas feministas argentinas la penalista española María Luisa Maqueda Abreu, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada, sostuvo en su ponencia que “en nombre de la vulnerabilidad de las mujeres se construyó el mito cultural de la trata de blancas” que “oculta experiencias de mujeres, con proyectos migratorios, que eligen en forma temporal o no ejercer la prostitución”. Su postura generó un murmullo generalizado de desaprobación entre el público y la rápida réplica de la investigadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Silvia Chejter, 

El título de la exposición de Abreu fue “La trata sexual de mujeres: entre mitos y realidades”. 

La penalista española había señalado que no se puede negar la realidad de la trata de mujeres para explotación sexual, que se caracteriza por “una cosificación sexual” de las personas, que son sometidas a situaciones de violencia, intimidación y abusos. “Es un problema de violencia sexual y de género”, argumentó. Pero al mismo tiempo, consideró que existe una confusión entre migrantes voluntarias y forzadas. Y sostuvo que ese abordaje no permite reconocer que hay mujeres que libremente eligen ejercer la prostitución como proyecto migratorio. “Hay que hablar de víctimas donde hay víctimas y también hay que ver que hay mujeres dueñas de su propio proyecto, que se trasladan de forma autónoma de un país a otro y que toman la prostitución como una ‘estrategia de supervivencia’.¿Son mujeres vulnerables? Lo son, pero no por sus proyectos, que son voluntarios. La vulnerabilidad les viene de la falta de reconocimiento social, de reconocimiento como trabajadora y migrante sexual, por el estigma”, opinó Abreu. A su entender, la guerra contra la trata termina desprotegiendo y criminalizando a las mujeres que están en los burdeles, donde se realizan operativos para perseguir el delito de trata. “Se las califica como esclavas sexuales y se les niega sus derechos laborales como trabajadoras”, objetó.

Al respecto la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, en un reportaje a Página 12, puntualizó el porqué de las diferencias entre la penalista española ABREU, y la socióloga argentina Silvia CHEJTER, que se transcribe debajo:

“Perseguir los capitales”

Por Mariana Carbajal
Para la defensora general de la Nación, se trata de un tema que requiere más investigación. Y destacó que el enfrentamiento entre las posiciones de Abreu y Chejter se potencia porque una es penalista y otra socióloga. No obstante, señaló que le cuesta creer que “una mujer que ejerce la prostitución no es libre en absoluto”. “Las penalistas no creemos en la eficiencia del Derecho Penal y tememos que, como siempre se comporta como un elefante en un bazar, cause más daño del que pretende evitar”, opinó Stella Maris Martínez, en diálogo con Página/12. “Si me preguntan qué modelo de persecución me gusta, no sé si criminalizando a los clientes, que es el modelo que ahora se sostiene, no vamos a terminar aumentando los niveles de control social y volviendo a atrapar a los más débiles, porque finalmente no vamos a llegar a los que dirigen las redes, a los que manejan el dinero que hay detrás de esto. La verdadera persecución tiene que hacerse a través del manejo del capital, tanto en la trata de mujeres como en el narcotráfico y el negocio ilegal de las armas, que mueven enormes capitales”, advirtió Martínez.
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