viernes, 22 de enero de 2010

La derecha “gay-friendly”



Beso a beso: El debate en California puede definir el futuro del matrimonio gay.
13-01-2010 /  Un viejo abogado conservador, ex funcionario de Reagan y Bush, argumenta por qué el matrimonio homosexual no socava, sino que promueve, los valores de la sociedad. Su alegato podría ser histórico.  
Por Theodore B. Olson

Junto con David Boies, mi buen amigo y adversario ocasional en los tribunales, trato de persuadir a un juzgado federal de invalidar la Propuesta 8 de California —la medida aprobada por los votantes en noviembre de 2008 que revirtió el derecho constitucional en California para contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Mi participación en este caso generó consternación entre los conservadores. ¿Cómo es que un republicano de toda la vida, un veterano de los gobiernos de Ronald Reagan y de Bush, pudo poner en tela de juicio la definición “tradicional” del matrimonio y presionar para crear otro “nuevo” derecho constitucional?

Mi respuesta estriba en toda una vida de contacto con personas con distintos antecedentes, historias, puntos de vista y características intrínsecas, y en mi rechazo a lo que considero una percepción superficialmente atractiva, pero finalmente falsa, acerca de la Constitución y su protección de la igualdad y los derechos fundamentales.

Muchos de mis compañeros conservadores muestran una hostilidad casi innata hacia el matrimonio entre homosexuales. Esto no tiene sentido, porque las uniones entre personas del mismo sexo promueven los valores más apreciados por los conservadores. El matrimonio es uno de los bloques constitutivos básicos de la nación. En su mejor expresión, es una unión estable entre dos personas que trabajan para crear un grupo familiar cariñoso y una entidad social y económica. Alentamos a las parejas a casarse porque los compromisos que contraen les proporcionan beneficios no sólo a ellos mismos, sino también a sus familias y a sus comunidades. El hecho de que personas que resultan ser gays quieran participar en esta costumbre social tan arraigada es prueba de que los ideales conservadores disfrutan de una amplia aceptación. Los conservadores deberían celebrar esto, en vez de lamentarse.

La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo también sería un reconocimiento de los principios básicos estadounidenses, y representaría el compromiso de la nación con la igualdad de derechos.

La igualdad es un elemento central de las convicciones de liberales y conservadores por igual. El sueño que dio forma a EE. UU. comenzó con el concepto expresado en la Declaración de Independencia: “Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, y que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Por desgracia, la nación ha tardado mucho tiempo en cumplir esa promesa. En 1857, la Corte Suprema sostuvo que un afroestadounidense no podría ser ciudadano. Al final de la Guerra Civil, para hacer realidad la elusiva promesa de igualdad, la Enmienda 14 a la Constitución añadió la orden de que “ningún Estado… privará a ningún ciudadano de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal; ni negará a ningún ciudadano… la protección igualitaria de las leyes.” Las leyes y decisiones de la Corte tomadas desde entonces dejaron en claro que la igualdad bajo la ley se extiende a las personas de todas las razas, religiones y lugares de origen. ¿Qué mejor manera de completar esta aspiración nacional que aplicar la misma protección a hombres y mujeres que difieren de otros sólo por su orientación sexual?

Distintas leyes federales y estatales concedieron ciertos derechos a las parejas de homosexuales y lesbianas, pero estas protecciones varían notablemente entre distintos estados. Y casi siempre les niegan la verdadera igualdad a los homosexuales y lesbianas con deseos de casarse. La sola idea de matrimonio es básica para que sean reconocidos como iguales en la sociedad; cualquier cosa menos que esto es inferior.

La Suprema Corte de Estados Unidos ha sostenido repetidamente que el matrimonio es uno de los derechos más fundamentales. El matrimonio es una parte de la protección constitucional a la libertad, la privacidad, la sucesión, y la identificación espiritual. Sin una igualdad de derechos para contraer matrimonio, no puede haber una verdadera igualdad bajo la ley.

Es verdad que el matrimonio ha sido considerado tradicionalmente como la unión entre un hombre y una mujer. Pero aunque la Corte Suprema siempre consideró el matrimonio en ese contexto, los derechos y libertades subyacentes no se limitan de ninguna manera a los heterosexuales.

El matrimonio es un enlace civil y, en algunos casos, un sacramento religioso. Es una relación reconocida por los gobiernos, que proporciona un estatus privilegiado y respetado para recibir el apoyo de los beneficios del Estado. Cuando el estado aprueba oficialmente una relación y ha proporcionado beneficios especiales a quienes participan en ella, los tribunales de EE. UU. han insistido en que, para negar ese estatus se requieren sólidas justificaciones y no puede denegarse arbitrariamente.

Entonces, ¿cuáles son las justificaciones  para la decisión de California sobre la Propuesta 8, para negar el acceso a la institución del matrimonio a algunos de sus ciudadanos?

La explicación mencionada más a menudo es la tradición. Pero el simple hecho de que algo siempre se haya hecho de una cierta forma no quiere decir que deba permanecer así. Y California y muchos otros estados permitieron a los homosexuales y lesbianas  establecer sociedades domésticas con la mayoría de los derechos de los heterosexuales casados. Resulta anómalo referirse a la “tradición” como una justificación para etiquetar esas relaciones como menos dignas, aprobables o legítimas.

El segundo argumento que suelo escuchar es que el matrimonio tradicional fomenta el interés del estado en la procreación. Pero impedir que las lesbianas y los homosexuales contraigan matrimonio no hace que más heterosexuales se casen y conciban más niños. Asimismo, permitir que las lesbianas y los homosexuales se casen no hará que los heterosexuales dejen de contraer matrimonio. No averiguamos si las parejas heterosexuales pueden o quieren tener hijos antes de permitirles la boda.

Otro argumento aún menos persuasivo es que el matrimonio entre homosexuales daña en cierta forma al matrimonio heterosexual. Aún no he encontrado a nadie que pueda explicarme esto. ¿En qué forma perjudicaría a los matrimonios heterosexuales? Cuando el juez de nuestro caso le pidió a nuestro adversario que identificara las formas en que el matrimonio homosexual podría dañar al matrimonio heterosexual, respondió que no encontraba ninguna.

No existe razón por la que deberíamos negar el matrimonio a las personas del mismo sexo. Y hay muchas por las que deberíamos reconocerlas formalmente.

Sin importar lo que usted piense acerca de la homosexualidad, los homosexuales y las lesbianas son miembros de nuestras familias, clubes, y lugares de trabajo. Son nuestros médicos, maestros, soldados (lo admitamos o no), y amigos.

Conservadores y liberales deben coincidir en los principios que nos unen. Podemos convenir en el valor de las familias sólidas, las relaciones domésticas duraderas y las comunidades pobladas por personas con lazos mutuos reconocidos y admitidos. Confinar a algunos de nuestros vecinos y de nuestros amigos a un estatus fuera de la ley o de segunda clase, subvierte su sentido de pertenencia y diluye sus relaciones con el resto.

Entiendo, pero rechazo, ciertas enseñanzas religiosas que denuncian a la homosexualidad como algo moralmente erróneo, y desapruebo enfáticamente a las personas que sostienen que las relaciones entre personas del mismo sexo deberían ser desalentadas por la sociedad y la ley. La ciencia nos  enseña, aun si la historia no lo ha hecho, que los homosexuales y las lesbianas no deciden ser homosexuales. En gran medida, estas características son inmutables. Y, mientras la Constitución nos garantiza la libertad de ejercer nuestras convicciones religiosas, igualmente nos prohíbe imponer nuestras creencias a la fuerza a otras personas.

Alguna vez toleramos leyes en EE. UU. que prohibían el matrimonio entre personas de diferentes razas. La Corte Suprema de California fue la primera en afirmar que esa discriminación es inconstitucional. En 1967, 20 años más tarde, la Corte Suprema llegó a un acuerdo unánime en el mismo sentido. La mayoría de los estadounidenses se enorgullecen de esta decisión. Estoy convencido de que estarán igualmente orgullosos cuando dejemos de discriminar a los homosexuales y lesbianas.

Las reacciones ante nuestra acción legal reforzaron para mí estas verdades. He oído cólera, resentimiento y hostilidad. Pero en su mayor parte, me han abrumado las expresiones de gratitud y buena fe. Particularmente, me han conmovido a muchos relatos personales sobre lo
solitario y personalmente destructivo que resulta ser tratado como un paria y cuán importante será obtener el respeto de las leyes e instituciones civiles de EE. UU.

Algunas personas han sugerido que hemos presentado este caso antes de tiempo, y que ni el país ni los tribunales están "listos" para abordar este asunto y eliminar el estigma. No estamos de acuerdo. Representamos a clientes reales. Nuestras clientas lesbianas crían a cuatro buenos niños que no podrían pedir mejores padres. Nuestras clientas desean casarse. Creen que tienen ese derecho constitucional. Desean ser representadas ante los tribunales para reivindicar ese derecho. El procurador general de California ya ha concedido la inconstitucionalidad de la Propuesta 8, y la ciudad de San Francisco se unió a nuestro caso.

Invariablemente, a los ciudadanos a quienes se les niega su derecho a la igualdad se les dice que “esperen su turno” y “tengan paciencia”. Sin embargo, hay que insistir en la igualdad de derechos para acelerar la aceptación de esos derechos. En lo que se refiere a si los tribunales están "listos" para este caso, hace sólo unos cuantos años, en el caso Romer vs Evans, la Suprema Corte de EE. UU. echó abajo una enmienda constitucional adoptada popularmente en Colorado que ponía los derechos de homosexuales y lesbianas bajo la protección de las leyes antidiscriminación. Y siete años atrás, en el caso de Lawrence vs Texas, la Suprema Corte echó abajo, como carente de cualquier base racional, las cláusulas legislativas de Texas que prohibían las prácticas sexuales privadas e íntimas entre personas del mismo sexo.

Estas decisiones han generado controversia, pero son decisiones del tribunal más alto de la nación, en el que nuestras clientas merecen confiar. Si todos los ciudadanos tienen el derecho constitucional de contraer matrimonio, si las leyes estatales que niegan la protección legal a los homosexuales y las lesbianas como clase son inconstitucionales, y si la conducta sexual privada e íntima entre personas del mismo sexo está protegida por la Constitución, hay muy pocos elementos en los que pueden apoyarse los adversarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Propuesta 8 de California es particularmente vulnerable a la controversia constitucional, porque ese estado ha promulgado un insensato conjunto de reglas para el matrimonio que no tiene sentido para nadie. California reconoce el matrimonio entre una mujer y un hombre, incluso entre personas condenadas a muerte, abusadores de niños y cónyuges golpeadores. Al mismo tiempo, California prohíbe el matrimonio entre parejas estables y amorosas del mismo sexo, pero trata de arreglárselas al dar la alternativa de las “sociedades domésticas” o uniones civiles con prácticamente los mismos derechos. Finalmente, California reconoce 18.000 matrimonios entre personas del mismo sexo, celebrados durante los meses en que debatía la decisión de la Corte Suprema estatal que defendía los derechos del matrimonio entre homosexuales y la decisión de los ciudadanos de California de retirar esos derechos al promulgar la Propuesta 8.

Por tanto, ahora existen tres clases de californianos: las parejas heterosexuales que pueden casarse, divorciarse y volverse a casar si lo desean; las parejas del mismo sexo que no puede casarse pero puede vivir juntas en sociedades domésticas; y las parejas del mismo sexo que ya están casadas pero que, si se divorcian, no pueden volver a casarse. Se trata de un sistema irracional, discriminatorio y que no puede perdurar

Los estadounidenses que creen en las palabras de la Declaración de Independencia, en el discurso de Gettysburg de Lincoln, en la Enmienda 14, y en las garantías constitucionales de igualdad de protección y dignidad ante la ley no pueden mantenerse insensibles mientras continúe este agravio. No se trata de un tema conservador o liberal: es un tema estadounidense, y es tiempo de que los ciudadanos de este país lo adopten.              n