martes, 24 de noviembre de 2009

Disertación de Juan Carlos Romero. Transcripta por M. L. Cardoso Cerusico

CRISIS DE REPRESENTATIVIDAD, LA DIVISIÓN DE PODERES Y LA CUESTIÓN DEL FEDERALISMO

PARA UN MODELO DE PAÍS DE CARA AL SIGLO XXI

Disertación de Juan Carlos Romero

La crisis de representatividad o representación política que hoy padece la Argentina no es un fenómeno aislado. Desde las tres últimas décadas del siglo pasado se ha ido percibiendo, en forma ininterrumpida, un fuerte deterioro entre la sociedad y sus representantes.

A veces nos pasa dentro de nuestros propios partidos, la imposibilidad del debate de distintas ideas. Y con mayor razón en la sociedad argentina tal vez esté faltando esto todavía. Esto no tiene que ver con una restricción, ni con una interdicción, sino que a veces parece que hubiéramos perdido la pasión por defender ideas.

Cierto es que la angustia de la gente, las crisis sucesivas, las dificultades económicas, muchas veces ponen en la primera línea de atención una temática de urgencia que hay que atender, como la cuestión social, la gobernabilidad del país, las dificultades para poder salir de la crisis. Es así que se postergan los temas esenciales de debate para otro momento. A esto contribuye también la premura mediática que hace que la agenda también se construya con la urgencia.

Nadie duda que esas crisis que hoy veo sorteando hayan ido deteriorando la relación política y la representación de las fuerzas políticas y la falta de credibilidad de la gente en sus representantes. Hay un escepticismo en la representación, un descreimiento en el discurso político y también un desinterés en el propio proceso electoral.

Cuando decimos que el problema no es sólo argentino, estamos indicando, curiosamente, que el 80% de los sistemas denominados democráticos, tanto de países desarrollados, como en vías de desarrollo, están siendo fuertemente cuestionados por sus respectivas sociedades.

Si clasificamos en tres grande rubros el Sistema de Representación Política Contemporáneo, podemos inferir que las monarquías, los sistemas parlamentarios y los sistemas presidencialistas han dejado de tener, para la comunidad, elementos centrales de subordinación y correspondencia.

Las monarquías están debilitadas por la evolución natural del pensamiento humano, ya que daba a los monarcas un derecho divino en la génesis de su representación. Este basamento no sólo fue descalificado por el análisis conceptual del desarrollo democrático, sino también por las principales religiones, que despegaron su accionar de la sociedad con las monarquías que las vincularon durante siglos.

Los sistemas parlamentarios, a su vez, tienen en su estructura tres puntos de alta vulnerabilidad en el planteo de la representación:

  1. Los partidos políticos están por arriba del legislador en términos de correspondencia electoral;
  2. Su organización y estructura carecen de dinámica en los tiempos que hoy los electorados demandan;
  3. Hay un fuerte sometimiento de los parlamentarios a los presidentes de turno.

En cuanto a los sistemas presidencialistas, su debilidad es casualmente su mayor exhibición de poder: el excesivo protagonismo en la cosa pública de la gestión o de la función presidencial en general. Podríamos decir en este punto que la División de Poderes en Argentina ha tenido un fuerte retroceso, casualmente por la desmesurada presencia del Poder Ejecutivo Nacional.

Si a esto se agrega que en Argentina todas esas funciones o tareas se concentran en los grandes centros urbanos, tenemos un doble problema ya que las decisiones que se toman pensando en esos lugares parecen buenas para todo el país, y no lo son. Y es allí donde surge esa tirantez en la representación, en la gestión y en el funcionamiento equilibrado que deben tener los poderes.

En el sistema presidencialista, los partidos políticos que se constituyeron como fuerte estructura de poder, también han venido sufriendo profundas dudas por parte de los ciudadanos. Se ha perdido a veces la vinculación entre los paradigmas que esos partidos enarbolaron en sus orígenes con las angustias y los deseos de la gente. Sea cual fuere el escenario en que nos toca vivir, los ciudadanos descreen o tienen profundas dudas del representante político, pues el pacto vinculante social, cultural o territorial ha quedado reducido a expresiones electorales o problemas coyunturales. [1]

No hay que descartar la enorme y abarcadora influencia de los Medios de Comunicación que, antes de producirse la crisis de representación, fueron adquiriendo, en beneficio propio, mayor poder en términos económicos y políticos en desmedro de las instituciones legal y culturalmente establecidas: la Iglesia, el Parlamento, el Presidente y los Partidos Políticos.

Además ha habido un desgaste natural de los partidos centenarios, cuyos principales apotegmas estaban vinculados a sociedades que demandaban otros valores sobre los cuales hoy las sociedades modernas no se corresponden.

La alta fragmentación social produjo pujas sectoriales que generaron nuevas entidades intermedias más próximas al ciudadano, en el punto específico de la necesidad o demanda, dejando de lado a partidos políticos y a sindicatos como referentes históricos en el planteo social, cultural y económico.

Por otro lado, la configuración del Sistema Jurídico e Institucional de la representación política no guarda relación con la cotidianeidad de sus integrantes en la función de nuevos paradigmas, estilos y conductas de la sociedad moderna. La incapacidad política en resolver problemas esenciales del ser humano, fundamentalmente en los países en desarrollo, han originado agudos problemas existenciales como el alcoholismo, la drogadicción y, en algunas sociedades muy avanzadas, los altos índices de suicidios.

En síntesis, a nuevas demandas, nuevos actores sociales, nuevas formas de peticiones colectivas y nuevos sistemas de difusión e información del acontecer de la problemática de los ciudadanos y el poder.

En este nuevo siglo, los gobernantes debemos asumir con sinceridad y realismo que nuestros jóvenes, es decir el futuro próximo, diseñarán un nuevo Pacto Social que permita un nuevo sistema de representación, más cercano al conflicto sectorial y más alejado de la visión filosófica y política de los grandes sistemas de la organización social, que deberán consensuar centralmente en las Políticas Públicas.

En Salta, hace un año, hemos explicitado Políticas Públicas que deberán jerarquizarse con el correr de los años en el rango constitucional de nuestra sociedad.

De este modo los partidos políticos, los representantes políticos y las sociedades convergerán en demandas más puntuales, para lo cual será necesaria una mayor participación ciudadana; dejando a organismo de contralor e instituciones de mayor equilibrio jurídico, científico y social el marco regulador del nuevo Pacto Social.

Con respecto a la División de Poderes, es innegable reconocer la actual discusión centrada en algún sector de la oposición planteando la posible vulneración de poderes por parte de un poder sobre otro, como lo fue hasta hace pocos días la famosa discusión de los mal llamados “superpoderes”. Digo mal llamados porque los poderes, en el ámbito de la Constitución y las Leyes, pueden ser violados, pueden ser ignorados o pueden ser abdicados teniendo una soberanía sobre los mismos; razón por la cual la calificación superlativa es más una construcción mediática que una realidad jurídica.

Como sabemos, desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo en diferentes ámbitos, nacionales y provinciales, la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal y es justamente el ejemplo que elegí para comentar que más que un exceso de Presidencialismo, en Argentina hay un exceso de centralismo de los recursos que ha vulnerado el concepto de Estado Federal que queremos los argentinos.

Creo que el problema no está ni en la Constitución, ni en el Presidente, ni en las leyes: es un tema esencialmente cultural.

La federalización de Buenos Aires, aclamada por unos y resistida por otros, ha expresado el momento fundacional de un proceso de nuestra historia moderna que, aún hoy, genera opiniones encontradas.

Ya en aquellos años, un profético Leandro N. Alem nos advertía que centralizar en la ciudad todo el gobierno federal provocaría una injusta polarización entre las luces de un progreso para pocos y la oscuridad de una pobreza mayoritaria. “Será un duro golpe a las instituciones democráticas y el sistema federativo en que ellas se desenvuelven, cuando el poder central, por sí solo, tenga más fuerza que todos los Estados federales juntos”, afirmó Alem en un encendido discurso dirigido a las futuras generaciones.

Sus palabras tienen hoy una lamentable vigencia. A pocos años del bicentenario de la Revolución de Mayo, verificamos que aquella decisión, tomada para afianzar la organización del país, sigue expresándose con diferencias que aún nos impiden generar verdaderas condiciones de equilibrio y justicia para todos los argentinos.

Como venimos diciendo, uno de los temas de mayor discusión en los últimos tiempos es el carácter fuertemente presidencialista de nuestro país. Esta discusión es tan estéril como improductiva. El punto es analizar la ausencia del marco institucional que llevó a este exagerado protagonismo político, para lo cual debemos remitirnos al origen histórico de la Nación Argentina. Esa delegación de derechos y prerrogativas que el interior aportó para construir el país, luego, durante décadas, fue vulnerada por un criterio centralista que impidió, sistemáticamente ejercer, no declarar, el federalismo en Argentina.

El federalismo es el punto de equilibrio institucional que los países desarrollados ejercen con plenitud en la Administración del Estado. En la Argentina, la inexistencia de esta práctica permite al Poder Ejecutivo Nacional administrar lo conferido por la Constitución Nacional y todo aquello que el Poder Legislativo le cede, por razones estrictamente coyunturales o políticas; particularmente todo lo concerniente a la disponibilidad de recursos. Para que esto suceda, el Senado aprueba disposiciones que vulneran el concepto de Nación y que pertenecen al ámbito del Administrador Provincial. Este mismo criterio también lo aplica la Cámara de Diputados de la Nación. Esto se comprueba palmariamente en el Sistema de Coparticipación Federal. Hoy, el Presidente, como en el pasado lo hicieron otros, dispone, administra y establece la distribución de fondos de carácter público con absoluta discrecionalidad. Esto, desgraciadamente se afianza en el tiempo. En los últimos años las provincias disponían de alrededor de un 35% y hoy escasamente superan el 20% de estos fondos de carácter público. A su vez, los gobernadores trasladan su responsabilidad política y administrativa al Poder Central. Esto sirve, en muchos casos, para justificar los grandes fracasos administrativos provinciales.

Hay que reconocer que en un sistema federal es tan importante la autonomía política como la autonomía económica. Yo no digo que hay que sacar chapa de inteligente criticando cada cosa que se hace sino poner la inteligencia en la construcción de un modelo que no sea puramente la coyuntura. En Argentina debemos reflexionar no tanto en aquello que parece importante, como el presidencialismo de los superpoderes; hay que ir más profundo: el problema es el conjunto de la sociedad.

Debemos pensar reestablecer un criterio institucional y administrativo que ordene y equilibre las relaciones entre las Provincias y la Nación; ésta debe tener la misión de contribuir a la búsqueda del equilibrio entre las regiones para que los argentinos de cualquier rincón tengan una igualdad de oportunidades. Algunas acciones se intentan hacer en la obra pública. A diferencia de hacer que las obras públicas solamente se financien en las zonas rentables, es reconocible que en el plan de obra pública nacional se han destinado recursos a las zonas periféricas; pero es tanto el desequilibrio que esto debe estar complementado con un pacto, un acuerdo entre Nación y Provincia para que esto se proyecte a diez o quince años como una reparación y como una búsqueda de equilibrio.

A estos temas se los debes sacar de la cuestión presupuestaria para ponerlos en la cuestión institucional y en la cuestión de Estado. Deben ser grandes políticas de Estado. El ejemplo que expuse de la Ley de Coparticipación Federal indica con claridad que, en el fondo, el problema central de la Argentina es la indefinición del país que queremos vivir. La ley de coparticipación debe ser la base para recrear ese país equilibrado, donde también la exigencia sea una responsabilidad local, un compromiso también político de buena gestión y buena administración.

Lejos estamos aún de la elaboración de un proyecto colectivo que nos contenga sobre la base del consenso y la unidad nacional. La construcción de una sociedad que reestablezca expectativas, esperanzas y reconocimientos a la comunidad política no puede instrumentarse desde el doble discurso.

Los representantes son referentes sociales. Forman parte de la comunidad y ellos reflejan, aunque nos cueste admitirlo, lo mejor y lo peor de la sociedad. Todos los argentinos debemos asumir, con responsabilidad, el papel que nos cabe.

Argentina necesita ejemplos públicos y privados que jerarquicen los derechos individuales y colectivos de nuestros hombres y mujeres.

Juan Carlos Romero

Salta, 2006


[1] Puede ser útil aquí recordar la noción de convención individualista que Raffaelle Romanelli describe en su notable artículo Sistemas Electorales y Estructuras sociales, que podríamos sintetizar del siguiente modo:

a) la representación política no puede contemplarse como un mecanismo más o menos eficiente de representación del orden social; ,sino como un instrumento de construcción de la ciudadanía política; puesto que el objetivo de la instauración del sistema representativo fue reducir a normas comunes la lucha política en sociedades atravesadas por profundos desequilibrios sociales (es decir, las sociedades europeas del XVIII, paradigmáticamente la italiana, o la alemana, en sus intentos de constituirse en Estados-Nación uniendo regiones diversas, económicamente asimétricas, que ni siquiera hablaban el mismo idioma).

b) de ello se desprende que las leyes electorales no se proponen reflejar la realidad social reproduciendo sus divisiones, sino que tienen la finalidad de negar esa división dando vida a algo completamente diverso, precisamente, la llamada “representación política”

La nueva representación política ignora las antiguas formas de representación de tipo corporativo y por lo tanto niega legitimidad política a las formas no individual-igualitaria y no nacional-unitaria. Este esfuerzo de nacionalización asociado a la construcción de la representación política, conforma una desterritorialización que afecta la construcción del electorado, de la relación entre electores y candidatos y, sobre todo, del nexo entre el proceso electoral político y los poderes territoriales existentes. Esta negación de los poderes intermedios no implica que se excluya este tipo de representación no política, pero sí que el derecho a voto sea reconocido sólo a los individuos en cuanto iguales y no a los grupos sociales.

A este conjunto de principios, que inspiran los electoralismos representativos, Romanelli los denomina convención individualista, convención ésta que debe ser conciliada con las identidades sociales y poderes efectivos que no son ni individuales, ni igualitarios, ni fijados geométricamente al territorio; sino enraizados en estructuras de poder no igualitarias, territorialmente definidas, tradicionales.

Lo novedoso de este artículo de Romanelli es que para el autor, este carácter corporativo de la sociedad investida de representación política es característica de toda sociedad y no sólo de la sociedad del antiguo régimen.

Ello produce una permanente tensión entre la política y la sociedad. Esa tensión en sistemas como el norteamericano se resuelve con la legalidad de los lobbies y un profundo federalismo. En la estructura política italiana con el consejo económico social. (Nota agregada por quien transcribe)