jueves, 24 de septiembre de 2009

La Argentina y el dilema del Club de París

POR MARIO RAPOPORT
23-09-2009 /
Mario Rapoport
El Gobierno ha vuelto a mostrar intenciones de cancelar las deudas impagas con el Club de París. Lo que se puso en evidencia en una entrevista reciente entre el ministro de Economía, Amado Boudou, y el embajador del Japón, país que concentra el 25% de la deuda total, que es de 7.750 millones de dólares. Luego Boudou dio un paso más pidiendo una entrevista con la ministra de Economía de Francia, Christine Lagarde, y ya hubo contactos también con otros países, teniendo en cuenta la buena disposición de algunos de ellos que por su peso resultan clave como Japón, Estados Unidos, Francia y Alemania. Justamente este último es el primer acreedor con 2.800 millones, al que sigue Japón, pero con los demás la deuda va bajando en importancia: de los 700 millones que se le debe a Holanda hasta algunos que tienen pequeñas acreencias. Rememoremos la existencia de esa entidad sui generis, que tiene fuertes raíces en la historia argentina de la segunda mitad del siglo XX, cuando el 2 de julio de 1956 la Argentina acordó reemplazar los convenios bilaterales con nueve países europeos por un sistema multilateral de pagos. Mediante ese acuerdo la Argentina podía pagar sus déficits comerciales con cualquiera de las naciones del ahora denominado Club de París utilizando la moneda de aquellos con los que tuviera superávit. Mientras tanto, se consolidaban y refinanciaban deudas con esos países por cerca de 450 millones de dólares, comprometiéndose a su rescate en un lapso no mayor de una década, en cuotas anuales que se iban incrementando en el tiempo. El Tratado de Roma, que en marzo de 1957 crea la Comunidad Económica Europea y el creciente proteccionismo agrario de sus miembros, iba a perjudicar los propósitos iniciales del nuevo acuerdo. Integrado hoy día por 19 miembros permanentes (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza), el Club de París se define a sí mismo como “un grupo informal de acreedores oficiales –gobiernos o agencias públicas específicas – que coordinan soluciones sustentables para Estados que enfrentan dificultades temporales en honrar sus compromisos de pago”. Debe recordarse también que, pese a varios intentos, los países latinoamericanos nunca pudieron conformar un club de deudores que pudiera negociar en conjunto en forma similar, fortaleciendo sus negociaciones. En cuanto al Club de París, al no contar con una estructura legal, sus miembros establecieron una serie de principios básicos para la reprogramación de las deudas, entre ellos el del tratamiento caso por caso, que implica que no se aplican reglas uniformes para los deudores. Además, los países acreedores se comprometen a hallar una solución consensuada, que excluya la vía judicial, y a no procurar condiciones más favorables del deudor que las acordadas a los restantes acreedores. A su vez, el deudor asegura que no otorgará un tratamiento mejor a otros acreedores, que el negociado con el mencionado Club. La Argentina renegoció sus deudas en ocho oportunidades en el marco del esa entidad (en los años 1956, 1962, 1965, 1985, 1987, 1989, 1991 y 1992), por un monto total de 11.502 millones de dólares, y su saldo deudor involucra desde préstamos tomados por el gobierno de Alfonsín hasta uno de la España de Aznar, durante el gobierno de Duhalde, en el pico más alto de la crisis. Los acreedores de la Argentina en el Club de París son las agencias oficiales de garantía y financiamiento de exportaciones e inversiones de las empresas de países centrales, más bancos oficiales y gobiernos extranjeros, deudas que también se negocian en este ámbito. A este selecto club sólo llegan las deudas impagas de países periféricos, que superan el millón de dólares y son a mediano o largo plazo. Usualmente, sólo se consideraban los montos atrasados más la deuda a vencer en un lapso de uno a tres años de la fecha del acuerdo. Sin embargo, desde 2004, para conformar un escenario que justificara el trato privilegiado de la deuda iraquí, comenzaron a practicarse quitas en las deudas de los países pobres altamente endeudados, a cambio de recursos naturales y compromisos de gasto en desarrollo; y hasta algunas anulaciones –el 80% de la deuda de Irak con el CP fue anulada por “odiosa”– , y parte de las de Georgia, Kenia, Gabón, Grenada, Moldavia, Nigeria, Kirgiztan, República Dominicana y Santo Tomé y Príncipe. El Club también alentó en los últimos años la tendencia a tratar el stock total de la deuda –modalidad que se había denegado a la Argentina en 1992–; y algunos países reembolsaron anticipadamente sus obligaciones, como Rusia, Perú, Polonia, Argelia, Brasil, Jordania, Macedonia, y ahora sería el turno de la Argentina. Lo que hay que poner en la balanza a la hora de evaluar este pago son las alternativas posibles y los beneficios o perjuicios sobre el interés general. Veamos primero las alternativas. Antes del estallido de la crisis mundial el gobierno parecía tener la intención de cancelarla totalmente a valor actual con las reservas disponibles, pero esa forma de pago ya fue desechada ante la necesidad de preservar las reservas, lo que permitió atenuar las presiones cambiarias y la fuga de capitales. Ahora, el gobierno se propone cerrar un acuerdo general con el Club a través de un pago a plazos. En este caso se requeriría certificar de alguna manera que el país dispondrá de liquidez externa para atender los vencimientos y permitir también la intervención del FMI en cumplimiento del artículo IV de su estatuto. Sin embargo, Boudou desestima esta intervención, reclamada por el Club de París en ocasiones anteriores para revisar sus cuentas. Existen ya antecedentes, como en el caso de Nigeria, en la que tal revisión previa no se hizo. Y, además, la Argentina cuestiona la intervención de un organismo que establece condicionalidades que poco tienen que ver con el objeto a tratar y cuyo asesoramiento llevó o acompañó a la desastrosa crisis de 2001/02, luego de dieciséis años de tutela permanente. En este caso, “a quien nada pide nada se le puede imponer”, aclaró el ministro. De todos modos, mantener la deuda impaga dificulta la fluidez del financiamiento de las importaciones e inversiones procedentes de los países acreedores e impide el acceso de empresas privadas a líneas de crédito. Pero esto también tiene un doble filo, ya que algunos opinan que el Club de París simplemente procura restablecer la capacidad de pago de los deudores, y mantener abiertos los mercados del Sur a las exportaciones a crédito según sus intereses del momento, que pueden tener poco que ver con aquellos que convienen a los países receptores. Por esa razón, sería oportuno alentar las inversiones externas que diversifiquen la estructura productiva, generen divisas y complementen la producción nacional, tratando de importar los bienes de capital, insumos y tecnología que sean relevantes para el crecimiento económico a los precios más bajos y con los créditos más baratos que sea posible. Todo esto en el marco de una política del gobierno más explícita, en el corto y largo plazo, sobre los rumbos deseables del desarrollo y la industrialización. Mario Rapoport Economista e historiador. Investigador Superior del Conicet