martes, 29 de septiembre de 2009

El turno de los abogados y de los especialistas en comunicación

Ultimas Noticias|Martes, 29 de septiembre de 2009
Servicios audiovisuales

Durante la quinta audiencia pública convocada por la Cámara Alta, distintos abogados constitucionalistas coincidieron en la necesidad de "derogar la ley de la dictadura", aunque con diferentes matices. Mientras unos reivindican el fin de los monopolios, otros critican el poder que se le otorga al Ejecutivo en la nueva ley y la necesidad de respetar los plazos de las actuales licencias. Por su parte, Gustavo López y Martín Becerra apoyaron sin reservas la iniciativa oficial, a diferencia de Henoch Aguiar, y el ex interventor del Comfer, Julio Bárbaro, quienes reclamaron modificaciones a la futura legislación.

Mientras Julio Bárbaro optó por dejar un escrito, por el escaso tiempo otorgado por el Plenario a cada expositor, Gustavo López defendió la iniciativa porque "reemplazará una norma que se originó en la dictadura y sobrevivió durante la democracia por la presión de los grandes grupos económicos". López, diputado electo y actual subsecretario general de la Presidencia, añadió que el proyecto oficial se propone defender "la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la convención americana de derechos humanos, y se anima a poner controles antimonopólicos que atentan contra los derechos de todos los ciudadanos".

Martín Becerra, a su turno, sostuvo que "el proyecto no es perfecto, sino una plataforma que abre caminos a más desarrollo e invita a incrementarlo en el futuro. (...) Es hora que se salde el mamarracho" de la ley vigente". Agregó que los "niveles de concentración de la Argentina exige que el Estado fije nuevos reglas de juego para evitar el predomino de medios gestionados por muy pocos". Aludió también a lo que llamó "la concentración geográfica de la producción: solo dos empresas concentran el 86 por ciento de la producción metropolitana, que a su vez representa el 70 por ciento de la producción de contenidos de todo el país". Más adelante, lamentó que más del 50 por ciento del territorio nacional tiene un solo canal abierto gratuito y apenas unas pocas ciudades tienen dos, mientras "el basto territorio nacional no tiene acceso a ninguna televisión abierta".

El especialista Henoch Aguiar afirmó que el proyecto "recogió ideas estructurales muy positivas, pero se ha quedado a mitad de camino. No se anima a ser lo progresista que podría ser y produce efectos contrarios a los que se desea". Manifestó que los medios públicos han sido "usados como botín de guerra del vencedor de las contiendas políticas y ya no tenemos medios públicos sino medios político gubernamentales" y por eso "la primera propuesta es que los medios sean públicos y no gubernamentales".

El constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, "es perfectamente constitucional" y cuestionó a aquellos que "reclaman más tiempo" para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido "considerada suficientemente como para seguir esperando".

"Así como fue superada la dictadura militar, debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, cosa que esta ley nos posibilita", aseveró Arzac.

Al iniciar su exposición, González Arzac aclaró que no representaba "intereses concretos, a diferencia de otros", y confesó que sintió "una gran satisfacción" cuando se presentó el nuevo proyecto de ley. Agregó que "no cabe duda de que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y que se debe terminar con este monopolio". Por último, sostuvo que el proyecto en discusión se debe analizar bajo la óptica del Artículo 42 de la Constitución Nacional, que se refiere a la defensa de la competencia.

Daniel Sabsay, por su parte, opinó que "si bien el proyecto resulta sumamente atractivo en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones". Criticó lo que a su criterio constituye un "excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo", como así también lo que entendió una "violación a la propiedad privada", en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios, dispuesto por la norma.

"En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político", señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una "ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda".

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