martes, 15 de septiembre de 2009

CARTA ABIERTA. Ley de servcios de comunicación audiovisual

RESUMEN DE INTERVENCIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN LOS DÍAS 8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 PARA CONSIDERAR EL PROYECTO DEL LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES ELEVADO POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. Participante: Licenciado Aurelio B. R. Narvaja D.N.I.: Nº 8.402.704 Profesión: Editor, Director Gerente de Ediciones Colihue S.R.L., integrante y ex directivo de la Cámara Argentina del Libro C.A.L. Integrante desde su fundación del Espacio Carta Abierta y de su coordinación. RESUMEN Los editores argentinos de libros, atravesamos momentos muy dificiles al final de los 90'. Muchos estuvimos al borde de la quiebra y los que logramos sobrevivir, lo hicimos muy reducidos en nuestra capacidad empresaria. La época concluyó con una gran desnacionalización de la edición argentina. Los sellos que habían sido emblemas de la ëpoca de oro de la edición, la que va de los años 40' al final de los 70' e incluso los 80', o desaparecieron con las crisis sucesivas o fueron comprados por los grandes conglomerados multinacionales de la edición. La crisis de 2001 encontró a nuestro sector, reducido, concentrado y mayoritariamente desnacionalizado. Todo hacía pensar que los días para la edición nacional independiente de Argentina, estaban contados. Y sin embargo... dos procesos simultáneos concurrieron a salvarnos. Uno, político. El grupo de editores argentinos sobrevivientes tuvimos la fuerza suficiente para recuperar el control de nuestra institución, la Cámara Argentina del Libro y desde ahí llevamos adelante por nuestra parte y solicitamos y exigimos al estado, la realización de políticas que favorecieran la presencia de editoriales independientes que aseguraran la diversidad bibliográfica, la pluralidad. Otro de política económica, de cambio del paradigma arrasadoramente vigente en la etapa anterior, que se expresó primariamente en un dólar alto y que a partir de 2003 se consolidó con una serie de políticas macroeconómicas y sectoriales que hicieron viable la existencia del medio millar de editoriales argentinas afiliadas hoy a la Cámara Argentina del Libro, cuando en el momento álgido de la crisis no llegaban a ciento cincuenta. El proceso de concentración y desnacionalización de la industria editorial se dió en paralelo (aunque en forma independiente) con el de la concentración mediática especialmente en los medios audiovisuales. Es nuestra opinión que los medios concentrados reproducen en su visión del conjunto de la producción cultural argentina, los libros entre ella, una mirada que los lleva a favorecer la concentración en la producción editorial también. No hay ahí maldad esencial ni grandes conspiraciones. Se trata de procesos objetivos que llevan a privilegiar la relación con los anunciantes, con las grandes editoriales que son a la vez los editores de las "estrellas" del periodismo argentino. Una enorme red de vasos comunicantes se establece entre los multimedia y los sellos editoriales más grandes, casi exclusivamente extranjeros o controlados desde el extranjero. Los pequeños y medianos editores argentinos estamos absolutamente al margen de ese circuito "regular" de promoción, comentarios, atención a nuevos autores, etc. salvo cuando circunstancias puntuales, de relacionamiento personal o similares nos permiten el acceso excepcional a las marquesinas mediáticas. Esta situación que nos deja en abierta desventaja con "las grandes", no ha sido obstáculo hasta ahora para nuestra terca subsistencia, pero con seguridad ha limitado un desarrollo mejor de nuestras empresas, de nuestro trabajadores (la argentina tiene un enorme potencial de personal especializado en todas las areas de la edición, altamente calificado) y de nuestros autores. Téngase en cuenta que las editoriales pequeñas o medianas de capital nacional contamos en nuestros catálogos con un altísimo porcentaje de autores de primera obra, es decir que somos el vehículo privilegiado de acceso de nuevos creadores al libro. El daño que la concentración mediática nos produce afecta en igual medida a todos los actores incluídos en nuestras editoriales. En los últimos años la relación entre concentración mediática y grandes conglomerados de la edición dió un salto de calidad con el lanzamiento de proyectos editoriales de los multimedios cuya expresión más notable, pero no la única, es Tinta Fresca, la editorial del Grupo Clarín. El Proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que el Poder Ejecutivo ha elevado a la consideración del Congreso Nacional y que está basado en los "21 puntos por una radiodifusión democrática", contiene en sus trazos gruesos todos los elementos para hacer posible la desmonopolización de los medios audiovisuales y por ello para la diversificación y democratización de la producción y el acceso a la información. De promulgarse la ley en los términos del proyecto que estamos discutiendo, las pequeñas y medianas editoriales argentinas, sus trabajadores, sus autores, se verán beneficiados por la posibilidad seriamente disminuída hasta ahora de tener visibilidad en los medios de comunicación social. Pero no solo eso, una presencia significativa de medios públicos y de organizaciones sin fines de lucro, permitirá tal como lo solicitó nuestra Cámara en la audiencia pública convocada por el Espacio Carta Abierta y con la presencia de las autoridades del COMFER en la Facultad de Derecho de la UBA, la realización de campañas de promoción de la lectura ausentes hoy de los medios audiovisuales de mayor llegada a la población. Finalmente, para quien no le alcanzara con la desmonopolización, con la democratización, con el pluralismo, con la incorporación de nuevos actores a la comunicación, con la federalización de las decisiones, con la presencia de las minorías legislativas en el control, con la promoción del trabajo argentino, con la transparencia en la propiedad, con el acceso universal a eventos populares como el fútbol, esto es con todos los avances que esta ley promueve y que son una enorme deuda de la democracia argentina, queremos decirle que la nueva situación que se producirá en los medios de promulgarse este proyecto de ley en sus términos fundamentales, hará imposible la repetición de la bochornosa complicidad que los grandes medios tuvieron con la última dictadura, aventura de Malvinas incluída. Los nombres principales de aquella vergüenza, no solo siguen vigentes, sino que continuan dando clases de ética republicana desde las tribunas que sus medios les proporcionan, incluso respecto de la libertad de prensa, la ética periodística y de la ley que estamos discutiendo. Parece mentira.

AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO DE LEY SOBRE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Ponencia del Arq. Jaime Sorin DNI 4.530103 Ex vicerrector UBA Decano Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA Miembro del Espacio Carta Abierta. En la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el Caribe –CRES 2.008- las Universidades de la región declararon que “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado” enfrentando las presiones de los países centrales para su incorporación como un servicio comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Se declaró también que “Esas políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes….Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes y favorecer la movilización de las competencias y de los valores universitarios de nuestra región, para edificar una sociedad diversa, fuerte, solidaria y perfectamente integrada”. En este marco que propende a la redistribución justa y democrática de los bienes culturales incluimos y reivindicamos la necesidad y la oportunidad para eliminar el Decreto 22285/1980 de la Dictadura Militar, que implantó una Ley de Radiodifusión que la calificó como un negocio, y sus modificaciones de la década del 90 que permitieron una alarmante concentración de la propiedad de las empresas de medios en nuestro país, convirtiendo a la comunicación en un emprendimiento comercial en desmedro de su condición de BIEN SOCIAL y confundiendo libertad de expresión con libertad de comercio. Así como se hizo en el caso de la Educación con la Ley General de Educación, sostenemos la necesidad de que el Estado establezca políticas públicas regulatorias promoviendo el Derecho a la Información en los marcos de una actividad social de interés público, garantizando el pluralismo y la diversidad de voces y visiones en el acceso a los medios de comunicación. Desde las Universidades Nacionales y las 23 Radios Universitarias hemos acompañado con Foros, discusiones de cátedra y grupos de difusión el amplio proceso de intercambio de opiniones –silenciado por los medios concentrados de la comunicación- que precedió al envío del proyecto de ley al Parlamento y entendemos que no hay razones que justifiquen priorizar diferencias por sobre posibles acuerdos que seguramente pueden alcanzarse tal como lo hicieron cantidad de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, estudiantiles, sindicales y comunitarias que firmaron los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática que respaldan el texto. No es con palabras vacías y discursos remanidos como vamos a restituir al espacio público comunicacional su condición de espacio social por excelencia, defendiéndolo contra la presión de las corporaciones económicas, en este caso las mediáticas, sino con actos concretos de las “instituciones” que se dice preservar. La democracia sólo se defiende con más democracia y por eso queremos ya una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que termine con los monopolios en los medios y que nos garantice que una posición dominante no va a ser reemplazada por otra, a través de los necesarios controles desde el Parlamento pero también desde la participación ciudadana en los órganos de planificación y control. Como miembros de una comunidad educativa comprometida con la democracia y los Derechos Humanos y que reivindica la defensa de toda forma de democratización de la cultura, impulsada por la Reforma Universitaria de 1918, vemos representada en este Proyecto la frase del Manifiesto Liminar “Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más” A la vez que sostenemos los aspectos centrales del Proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo en todo aquello que contribuye a la desmonopolización de los medios audiovisuales, reivindicamos en el texto la presencia de puntos centrales que hacen a nuestro quehacer: · La inclusión de un representante de las Universidades Nacionales y uno de las emisoras Universitarias en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, lugar de definición de las políticas públicas en el ámbito, reclamando que sus resoluciones sean vinculantes para la autoridad de aplicación. · El otorgamiento de autorizaciones a Personas de existencia ideal de derecho público estatal, como las Universidades Nacionales y los establecimientos educativos de gestión estatal, afirmada en los Art. 31 y Art. 140 y en el Art. 136, junto a la posibilidad de constituir redes y de comercializar su producción propia poniendo acento en los contenidos educativos. Insistimos en la necesidad de contar con recursos presupuestarios genuinos que permitan su existencia en términos de competitividad. · La obligación de emitir un mínimo de producción nacional y local junto a la promoción y defensa de la Industria Audiovisual Nacional, que multiplicará las posibilidades de inserción laboral de nuestros egresados · El reconocimiento de la existencia de un espacio de prestación de servicios de comunicación audiovisual diferenciado y en igualdad de condiciones con el privado comercial y el público estatal y no estatal al sector social o de las organizaciones privadas sin fines de lucro. Apoyamos los reclamos para que se aseguren formas de sustentabilidad económica que permitan su subsistencia independiente. · La cuota de pantalla para el cine y artes audiovisuales nacionales. · El fortalecimiento de los contenidos y de la producción locales y la protección de los bienes culturales afirmando la regionalización de los contenidos frente a la mundialización promovida por los capitales concentrados. Sabemos que la Ley es perfectible, que aspectos como la integración de la Autoridad de aplicación o la forma de habilitación a la participación de las Empresas Telefónicas pueden y deben formar parte de una discusión. Pero esto no debe actuar contra la necesidad de unir fuerzas frente a aquellos poderes que han utilizado a las corporaciones mediáticas como vehículos para que sus intereses particulares se disfrazaran de “el interés común” imponiendo los valores egoístas del neoliberalismo. La Historia se cambia entre todos y todas y la circulación democrática de la comunicación y la información está en el centro de la disputa político-cultural que atraviesa nuestros días argentinos. Este es el debate que debemos impulsar para profundizar los cambios, para que nuestra Democracia no pierda la oportunidad de avanzar en lo que nos falta, en la una redistribución no sólo de los bienes materiales sino de aquellos que desde lo simbólico constituyen la base de una construcción social sin la que otra sociedad no será posible.

AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA CONSIDERACION DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REGULACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Ponencia de Héctor Poggiese.

(Coordinador Comisión de Programas Alternativos en los medios, del espacio Carta Abierta. Coordinador del Programa de Planificación Participativa y Gestión Asociada de FLACSO. Coordinador del Grupo de Trabajo Desarrollo Urbano de CLACSO)

Los puntos sobre los que pretendo argumentar en torno al proyecto de ley son: a) el proceso participativo que se usó para su formulación y b) la necesidad de controlar los monopolios y otras formas de concentración garantizando así el acceso del ciudadano a la información -por un proceso plural de voces diversas- a través de facilitar el hacer alternativo de los actores de la comunicación

LA PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LA LEY

El proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual ha sido creado y discutido a través de mecanismos poco habituales en el proceso de formación de las leyes en el Congreso Nacional.

En primer lugar el reconocimiento a las tareas y documentos preparados por un colectivo de profesionales y técnicos comprometidos con una transformación del sistema legal que dieron lugar a los “21 puntos de la iniciativa ciudadana por una ley de radiodifusión de la democracia”, documento que constituyó la base inicial para la redacción del anteproyecto. Estos trabajos comenzaron a principios de 2008.

Enseguida el extendido relevamiento de antecedentes nacionales, recopilando todas las iniciativas (unas 70) presentadas por legisladores de los más diversos bloques políticos e internacionales en la legislación comparada, auscultando las leyes de EEUU, de los países de la Unión Europea y de otras latitudes.

Luego reuniones de trabajo con diversos actores del sector, entre ellos los de la Coalición por los 21 puntos, pero también otros, con debates e intercambios que facilitaron el esquema de la estructura que iría a tomar el anteproyecto de ley.

Después la redacción del anteproyecto y su puesta en conocimiento público, iniciando así una etapa de participación todavía más amplia, a través de los Foros públicos que se efectuaron en todas las regiones del país, en muchas capitales de provincia y en la Capital Federal., en un debate ampliado, abierto y público, que además de permitir la comprensión de su articulado y de sus objetivos, sirvió para recoger más de 50 propuestas de arreglos o agregados, que pueden consultarse en la página del COMFER, donde se puede obtener la versión final.

Finalmente la etapa actual, una vez ingresada al Congreso de la Nación, donde todavía será sometida al sistema de audiencias públicas que establece el reglamento de Diputados y también lo será en el Senado.

No estamos acostumbrados a que los procesos de elaboración de la leyes incluyan mecanismos participativos tan extendidos que permitan a la ciudadanía informarse de forma directa e intervenir sugiriendo posiciones y textos enriquecedores. Nada impedía que los legisladores asistieran a esos foros –de hecho algunos lo hicieron- aunque aun no tuviera estado legislativo. El procedimiento no iría a afectar la responsabilidad y competencia de los legisladores para sancionar el texto de la ley y, en todo caso, servía para conocer opiniones de la sociedad y reconocer el texto del anteproyecto.

Este es un punto esencial por el que creemos que la aprobación de la ley habrá de recoger la opinión de los actores activos y responsables de la sociedad nacional que supieron reconocer la convocatoria de los Foros y concurrieron presentando sus críticas, adhesiones y propuestas de modificación.

Ese espíritu participativo que se adscribió a la elaboración y sanción de la ley, debería extenderse a la etapa de implementación de sus normas: correspondería incorporar en su articulado la constitución de un programa de seguimiento en el que se repitiera el sistema de foros en todo el país para acompañar su ejecución, evaluando sus avances, registrando dificultades, elaborando propuestas complementarias.

LOS LÍMITES A LOS MONOPOLIOS EN LA COMUNICACIÓN

La concentración de las licencias en uno o más grupos de empresas privadas de comunicación reduce los puntos de vista a los representados por los propietarios de esas empresas. Quedan fuera de la posibilidad de expresar sus visiones y opiniones vastísimos sectores de la sociedad nacional que han sido prohibidos de acceder a los medios por la legislación vigente originada en la dictadura militar.

La ley debe garantizar el derecho de los ciudadanos y sus organizaciones a acceder sin otras restricciones que las que determine la ley, a una porción de las frecuencias disponibles que les permitan instalar y gestionar emisoras comunicacionales. La multiplicación de emisores no debe ser motivo de preocupación porque hace a la esencia misma de la democracia.

El proyecto en debate incorpora una batería de mecanismos orientados a reducir los monopolios existentes y evitar la formación de nuevos: límite al número de licencias que puede obtener una empresa, límites en la composición del capital, reserva del 33 % de las frecuencias para ser adjudicados a organizaciones sociales sin fines de lucro y otras disposiciones.

La pluralidad no debe ser una mera aspiración, tiene que ser promovida y ayudada. Ciertas reservas que se hacen augurando corta vida a pequeños emprendimientos de estas organizaciones sin fines de lucro se basan en argumentos falaces y, si se quiere, discriminadores y despreciativos de la capacidad y la voluntad de las organizaciones que no son empresas. Como éstas no tendrían capital suficiente para su emprendimiento pasarían a depender de la publicadad oficial y caerían bajo la dominación gubernamental.

Ese argumento no tiene solidez; monopolios o grandes empresas actuales reciben una cuota considerable de la publicidad oficial y eso no los transforma en oficialistas. Ese argumento desconoce la potencia, capacidad financiera y de gestión, compromiso institucional y convicción con un modelo de desarrollo social, disponibles en la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que podrían aspirar a obtener licencias

La multiplicidad de emisores, lejos de constituir una utopía, permitirá la multiplicación de programas alternativos con el consiguiente afianzamiento de una cultura abierta y creativa, desmercantilizada. La acción de la prensa y de los periodistas quedará sometida a un fact checking -menos formal que el establecen algunas legislaciones- en la forma de un control ético y profesional por sus múltiples pares.

UNA LEY QUE DA TRABAJO

Por David Blaustein

La existencia de un proyecto de ley de nuevos servicios de comunicación audiovisual debería aumentar la cantidad, ampliar la calidad y generar un salto cualitativo importante en los datos que ya se relevan y empiezan a ser de conocimiento público.

La sola calidad institucional y previsibilidad que genera el corpus jurídico y legislativo del proyecto cambiará –esperamos- rotundamente el desarrollo económico, cultural, social y federal de la realidad argentina.

La existencia de una comisión bicameral, las perspectivas de seguimiento, control y renovación de las licencias llevarán tranquilidad y perspectiva de planificación e inversión para todos los sectores involucrados.

Para el (a nuestro gusto, mal llamado) “Nuevo Cine Argentino”, la existencia de una cuota de pantalla y la determinación puntual y rigurosa de lo que es la producción independiente, debería ser un espaldarazo definitivo para que se encuentre con su público, no sólo porteño y suburbano, sino también del resto de los núcleos urbanos de las provincias, culturales y universitarios, curiosos de este material.

El compromiso que fija la ley sobre el financiamiento del cine por parte del cable y la televisión también significará la existencia de productos comerciales masivos para el gran público, que aportarán al entretenimiento para un mundo familiar realizado con la solvencia profesional de técnicos y actores, y donde en general la respuesta de los espectadores sostenga la mayor cantidad de puestos de trabajo para el sector.

Asimismo, lo que imaginamos como compra más permanente de títulos ya producidos y estrenados en salas pero no en las pantallas de la televisión, debería generar un aumento paulatino de esos valores por el sucesivo crecimiento en la venta de títulos y, en otra perspectiva, la necesaria e imprescindible restauración digital de estas filmografías que, de otra manera, quedarían arrumbadas y degradadas en formatos antiguos y en desuso.

Esta perspectiva también implicará la actualización tecnológica, mejoramiento en la calidad de los servicios, mayor infraestructura profesional y empresaria, y aparición de nuevos especialistas en las áreas que estos trabajos implican.

El aumento de los presupuestos para el Sistema Nacional de Medios Públicos implicará, para este sector, una enorme posibilidad de nuevas realizaciones acordes a nuestra historia, identidad cultural, memoria y temas pendientes no abordados por otros sectores.

Historiadores, investigadores, periodistas y un cúmulo de profesionales que hoy ya encuentran salidas en los maravillosos Canal Encuentro, tendrán su sucedáneo en lo que pueda producir Canal 7.

Lo mismo debería pasar con la importancia que el proyecto de ley otorga a la programación infantil: pedagogos, especialistas en literatura infantil, animadores, guionistas especializados en el área, desarrolladores de nuevos perfiles de programación, diseñadores de nuevos mercados, tendrán por fin la posibilidad de desarrollar sus talentos al servicio de una franja horaria excepcionalmente negada y subestimada en nuestro país.

Al mismo tiempo, la posibilidad de que la legislación vigile estrictamente el cumplimiento de la presencia, introducción y difusión de la publicidad extranjera, debería significar una notable recuperación de nuestra industria publicitaria, perjudicada por la invasión de masters extranjeros en cable y televisión abierta, que han significado la pérdida de mercado.

Pero posiblemente, uno de los sectores que –con el debido tiempo y paciencia- debería mostrar un paulatino aumento en su desarrollo y cantidad de puestos de trabajo son las decenas de canales locales, provinciales, universitarios y regionales, a partir de la limitación a las cadenas nacionales de televisión con sede en Buenos Aires, y a la obligatoriedad de producción local por parte de las actuales y nuevas antenas de televisión con programación propia.

Ahí, será notable ver la recuperación de temáticas, conflictos, historias y situaciones que le volverán a dar a nuestra televisión federal, pública y privada, regional o universitaria, la posibilidad de nuevos espacios para un mundo más plural, más abierto, más autónomo y, centralmente, más diverso.

Aquí la ley tendrá su sentido definitivo y abarcador en su dimensión cultural y política, pero también económica.