sábado, 29 de agosto de 2009

La batalla que viene

Por Carolina Keve
El proyecto de ley de Comunicación Audiovisual ya está en el Congreso. Una iniciativa clave del Gobierno, en el contexto de la pelea con el Grupo Clarín

Con un discurso transmitido a través de la cadena nacional, Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplaza al decreto-ley de la dictadura militar. ¿Qué pasará de ahora en más? ¿Qué dice la oposición? La batalla con el Grupo Clarín ya domina el corazón de la escena local. “Ahora van por todo.” La frase, deslizada al pasar por un diputado de la oposición, es la que mejor refleja el clima de confianza que parece haber vuelto a reinar en el oficialismo. Después del golpe asestado con el acuerdo con la AFA por la televisación del fútbol y la prórroga por un año de las facultades delegadas que ratificó el Congreso, el Gobierno hizo lo que hasta hace unas semanas aparecía en el orden de lo imposible, y presentó el proyecto para modificar el régimen de medios llevando la batalla con el multimedios Clarín a un terreno en el que siente aún no haber perdido iniciativa. Ahora, lo único que parece preocupar a Néstor Kirchner son los tiempos. El objetivo es que llegue al recinto en menos de dos meses. Los cálculos oficialistas prevén que el proyecto pase rápidamente por la Comisión de Comunicaciones de Diputados. Donde podría llegar a tener más trabas es en la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la radical Silvana Giudici, devenida acérrima opositora. Sin embargo, descuentan que se apruebe antes del 10 de diciembre. En este sentido, varios legisladores descartan la posibilidad de que se convoque a audiencias públicas, como reclamó la oposición. Por el contrario, en el Comfer aseguran que con esa instancia ya se cumplió y que el proyecto enviado al Parlamento incluye modificaciones en cincuenta de los 101 artículos que tiene la iniciativa, las que fueron recabadas en los foros sociales que se realizaron durante los últimos meses sobre los puntos que generan mayor polémica. A saber: las condiciones que le van a marcar el terreno a las telefónicas y la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de televisión por cable de alcance local en el interior. También se incorporaron mayores precisiones respecto del funcionamiento del ente regulador y se declaró al espectro radioeléctrico como un bien público. Al momento, las únicas voces en contra de que avance el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales provinieron de la Coalición Cívica y del PRO, mientras que en el radicalismo, otra vez, parece haber una división de aguas. Algunos prefieren mantener la cautela y destacar la importancia de que se abra el debate, pero otros, como Giudici, ya han ratificado su negativa. Autora de otro de los seis proyectos de ley de radiodifusión que hasta ahora andaban circulando en el Congreso, fue una de las que más se escuchó en contra del Gobierno por estos días. Es más, junto con el diputado Gustavo Cusinato, pidieron informes a la Jefatura de Gabinete exigiendo que se hiciera público el convenio firmado con la AFA. “Mientras el campo y los sectores de la producción sufren, Cristina y Néstor Kirchner piensan gastar más de 750 millones en crear un DirecTV kirchnerista y seiscientos millones para la televisación del fútbol”, apuntó luego de hacer la presentación. Sin embargo, en el oficialismo reina el optimismo y aseguran que en Diputados contarían con el apoyo necesario, sobre todo, por parte de los sectores de la centroizquierda que, consultados por Debate, coincidieron en la necesidad de que avance la discusión. Para Claudio Lozano, de Proyecto Sur, “hay que trabajar en la democratización de medios y en términos de lineamientos y fundamentos generales el planteo del Gobierno es positivo”. No obstante, su bloque realizó varias objeciones al anteproyecto, algunas de las cuales aparecen contempladas en la iniciativa presentada el jueves último, pero que para Lozano no son suficiente garantía de confianza. “Establecen que hay que repartir entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad la capacidad de emisión, pero la autoridad de aplicación puede definir que si una licencia no está en uso sea explotada por otro de los sectores, lo cual termina relativizando la medida. Por otro lado, no hay ninguna mención sobre qué va a pasar con la prórroga que otorgó Néstor Kirchner a las concesiones, y lo cierto es que si no se dan de baja no se va a poder poner en marcha este proceso. Es evidente que se trata de un proceso largo y que hay mucho para discutir y analizar”, concluye.

FUSIÓN EN LA MIRA En lo que parece no haber dudas y todos coinciden es en el hecho de que el oficialismo quiere aprovechar el momento para redoblar la embestida contra el Grupo Clarín. “Después del 28 de junio, nos dijeron que íbamos a perder el campeonato y no paramos de meter goles”, ironiza un dirigente del oficialismo, dejando entrever la seguridad que inunda por estas horas los pasillos en Diputados. Se sabe: la rescisión del contrato con la AFA congeló por un buen tiempo la capacidad de reacción del Grupo y le dio al Gobierno una carta valiosísima a la hora de sentarse a negociar con otros sectores. Esta semana, la trama tuvo varios capítulos. Por un lado, la oposición intentó retomar la iniciativa y ensayó medidas espasmódicas, como la presentación de la diputada por la Coalición Cívica, Patricia Bullrich, para dejar sin efecto la reasignación de las partidas presupuestarias a la AFA y a la Secretaría de Medios. Por el otro, la Corte dejó firme el acuerdo preventivo extrajudicial (APE) que permitió a Cablevisión S.A. reestructurar su deuda anterior a 2002 y respaldar el proceso de fusión entre Cablevisión y Multicanal, algo que fue festejado por el Grupo Clarín como una pequeña victoria en los tribunales. Sin embargo, cada vez cobra mayor intensidad el rumor de que en los próximos días se daría a conocer el dictamen contra la fusión de las operadoras. Cabe recordar que, luego del pronunciamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), lo único que falta es la decisión del Comfer. En este sentido, desde la Casa Rosada dejaron trascender que el argumento se agarraría del dictamen en disidencia de José Sbatella, presidente de la CNDC, y de un fallo judicial de la fiscal federal Alejandra Gils Carbó, quien consideró que “el acuerdo fue celebrado con abuso y fraude”. A esto se suman las amarguras que le trajo al multimedios el primer fin de semana del torneo Apertura con el que, a diferencia de otras épocas, Canal 13 cosechó el domingo, con Fútbol de primera, 8,6 magros puntos de rating, mientras que Canal 7 se ubicó segundo, detrás de Telefé en la medición general del día. Más allá del color, es indudable que el dato sirve para ilustrar un cambio de escenario. “El fútbol es el espinazo de la cuestión, es media ley porque es el negocio de los operadores”, se sincera otro funcionario, exponiendo de la manera más sencilla el manual de la política local. Algo que Néstor Kirchner conoce a la perfección. En momentos en los cuales el futuro de los medios aparece más incierto que nunca, tener el contrato con el fútbol argentino debajo del brazo no es para menos. Y si bien el convenio firmado con la AFA dejó en claro algunos puntos -como que el organismo recibirá seiscientos millones de pesos anuales y que el Estado se hará de un nada desdeñable cincuenta por ciento de las ganancias-, todavía hay muchas cuestiones abiertas. Por ejemplo, aún no están reglamentadas las condiciones bajo las cuales se comercializarán los derechos de transmisión, un agujero que al momento viene favoreciendo al canal América -uno de cuyos propietarios es Francisco de Narváez- con la transmisión exclusiva de varios de los mejores partidos de las primeras fechas.

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