sábado, 11 de julio de 2009

Las "decisiones políticas" valen poco si se ignora cómo implementarlas. Fijar los objetivos políticos y hallar las fórmulas técnicas para alcanzarlos

De belgranos y sanmartines Por Rodolfo Terragno, para Revista Debate
De cara al Bicentenario, el autor propone un programa de desarrollo económico y social

Los humanos -advertía Jorge Luis Borges- no tenemos el don de predecir: concebimos el futuro como una mera prolongación del presente.

Hay, sin embargo, quienes se esfuerzan por sobreponerse a tal limitación. Imaginan un porvenir deseable y se esfuerzan por inducirlo.

En vísperas del Bicentenario, conviene recordar qué pensaban, en los albores de la nacionalidad, los políticos abúlicos; y qué hacían aquellos que estaban organizando el futuro.

Los primeros creían que Manuel Belgrano debía replegarse a Córdoba y que José de San Martín debía interrumpir su marcha al Perú. Ambos próceres fueron llamados desde Buenos Aires para que asumieran tareas “superiores”, como doblegar a José Gervasio de Artigas, Estanislao López y Pancho Ramírez. Los dos se negaron.

Si Belgrano hubiese obedecido al Triunvirato, y oído a la opinión pública porteña, habría abandonado la frontera norte. En ese caso, los hombres del virrey José Fernando de Abascal habrían perseguido a los patriotas hasta Córdoba y quedado a un paso de Buenos Aires. Belgrano sabía que era preciso cortar la marcha realista hacia el sur; y lo hizo con los formidables triunfos de Tucumán y Salta.

Tiempo después, José de San Martín cruzó los Andes -una hazaña que, de haberse guiado por encuestas, jamás habría emprendido- y, ya consolidada la libertad chilena, no volvió a las Provincias Unidas, como le exigía la dirigencia porteña. Se dirigió por mar al Perú, para atacar al imperio hispanoamericano en su corazón. De no haber sido por tal desobediencia, el Virreinato del Perú se habría mantenido firme, Fernando VII habría acudido en la ayuda del virrey y Sudamérica habría sufrido un grave retroceso.

Cuando se brega por el bien común, con objetivos bien definidos y planes para alcanzarlos, muchas veces se requiere navegar contra la corriente.

A casi doscientos años de la Revolución de Mayo, la Argentina necesita de belgranos y sanmartines.

No puede aspirar, claro está, a la repetición de aquellos prohombres irrepetibles; pero requiere de dirigentes dispuestos -si no al ciclópeo cruce de los Andes o a la metamorfosis de un abogado que se vuelve heroico general- por lo menos a emprender tareas muy arduas, con metas ambiciosas, tesón indefectible y honradez a toda prueba.

Para descubrir a tales dirigentes, se debe empezar por discernir entre los abúlicos y los que pretenden organizar el futuro.

Las últimas semanas asistimos al festival de la abulia. En vísperas de una elección que debía abrir debates sobre el estado del país y sus perspectivas, la minucia sustituyó a la idea.

El Gobierno se peleaba con Clarín; las listas estaban pobladas de falsos candidatos; todos los políticos vivían pendientes de “Gran Cuñado”; la propaganda proselitista tenía menos contenido que la de Heineken; y los debates eran torneos de sarcasmo. Muy pocos se atrevieron a enumerar, siquiera, los subtítulos de un proyecto. Hubo quienes insinuaron preocupación por la eventual falta de energía eléctrica. Otros hablaron, con timidez, sobre la redistribución del ingreso. El latiguillo más oído fue “calidad institucional”.

No se discutió si el país podía (o no) crecer a tasas asiáticas; y eso que, de no aumentar el PBI a razón del ocho por ciento todos los años, en 2019 todavía estaremos por debajo del ingreso per cápita que Libia tiene hoy día.

Todos callaron (o ignoraban) que hacen falta 6.200 millones de dólares anuales para producir los kilovatios con los cuales alimentar semejante crecimiento.

Los que prometían redistribución del ingreso no supieron decir si crearían nuevos impuestos o modificarían las alícuotas de los actuales. Tampoco se ocuparon del gasto, absteniéndose de identificar a los santos que desvestirían para vestir a otros. Nadie presentó la fórmula para reducir la desigualdad social sin desfinanciar al Estado ni afectar la inversión.

Ni siquiera hubo creatividad para proponer el perfeccionamiento democrático. Peor aún, el 29 de junio ya se escuchaban los susurros de quienes -luego de exigir “calidad institucional”- acariciaban la idea de un cogobierno o un recambio. Como si un traspié del oficialismo, en una elección intermedia, pudiera asimilarse a una revocatoria de mandato.

El resultado electoral fue aleccionador: desautorizó las ínfulas, desarmó la arbitrariedad y dio lugar a un Congreso, que estaba obligado a obedecer, y ahora quedará en condiciones de debatir.

La oposición deberá contribuir a que el Gobierno -ahora con más modestia y más controles- cumpla su mandato.

El tiempo de los grandes cambios será 2011.

El país debe llegar a esa fecha con opciones reales, no con la reiteración de la abulia que caracterizó a la reciente elección.

Hay, en el público, avidez por nuevas formas de encarar los problemas públicos.

Dos semanas atrás, lancé una convocatoria a políticos, intelectuales, juristas, economistas, científicos, técnicos, empresarios, trabajadores, universitarios, sociólogos, educadores, sanitaristas (en todos los casos, sin distinción de género) y ONG dedicadas al perfeccionamiento institucional, la justicia y la transparencia. La respuesta ha sido tan amplia como entusiasta.

El propósito es elaborar, como un aporte al debate nacional, el “Plan 10/16”: un programa de desarrollo económico y social que debería aplicarse entre el Bicentenario de Mayo y el Bicentenario de la Independencia. Según mi convicción, “si seis años bastaron, en el siglo XIX, para que nuestros antepasados construyeran -de la nada-, una nación, seis años deberían alcanzarnos para hacer, de esta Argentina sin ilusiones, un país de esperanzas”.

El plan no empieza por dar respuestas prematuras. Formula, con rigor, las preguntas desde las cuales hay que partir para diseñar un programa eficaz. Existe entre los políticos y los economistas poca conciencia -o deliberado ocultamiento- de los efectos secundarios y colaterales que tienen las decisiones que se toman desde el Estado.

Supongamos que se quiere: * Promover las exportaciones, y proteger a la industria nacional de ruinosas competencias externas, previniendo así una ola de quiebras y despidos. Para esto, conviene un dólar caro. * Lograr la estabilidad, para evitar que la inflación distorsione los precios relativos, corroa los salarios y licue la confianza de los inversores. Para esto, conviene un dólar barato. * Para promover las exportaciones, proteger la industria local y mantener la estabilidad, se requiere un equilibrio cambiario; y éste depende, a la vez, de un conjunto de decisiones y controles.

A menudo, el público (y los propios políticos) rechazan las discusiones “técnicas”, porque parecen arcanas; o propias de funcionarios de segunda o tercera línea. Los dirigentes se ufanan de la importancia que tienen las “decisiones políticas”, pero tales decisiones valen de poco si se ignora cómo implementarlas. A eso -fijar objetivos políticos y hallar las fórmulas técnicas para alcanzarlos- está dedicado el “Plan 10/16”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada